Alberto Fujimori inició el largo camino judicial que lo espera tras ser extraditado desde Chile hace tres semanas para enfrentar dos cargos de violaciones a los derechos humanos y cinco de corrupción, por los que enfrenta una condena de hasta treinta años de prisión. El ex presidente de 69 años declaró ayer por primera vez ante el juez y el fiscal instructor de una de esas causas durante una audiencia que tuvo lugar en un ambiente habilitado en el cuartel policial donde se encuentra detenido Fujimori, informó su abogado César Nakasaki.

Este primer proceso penal que enfrenta Fujimori es por el allanamiento ilegal a la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, que Fujimori dirigió en noviembre del año 2000, días antes de abandonar la presidencia y fugar del Perú rumbo al Japón. Se trata de un juicio sumario y las audiencias son reservadas, a diferencia de los otros procesos que enfrenta el ex presidente, los cuales serán públicos. Los coacusados de Fujimori ya han sido sentenciados y sólo falta el fallo en el caso del ex presidente, para lo cual previamente éste debe ser interrogado por el fiscal y el juez instructor, trámite que se inició ayer. Por este caso, Fujimori está acusado de usurpación de funciones, ya que los otros implicados lo han señalado como la persona que ordenó el allanamiento ilegal. Se espera que la sentencia se emita dentro de uno o dos meses.

La esperada aparición pública de Fujimori frente a los tribunales será el 26 de octubre, cuando se inicie el juicio oral por el asesinato de 25 personas, cometidos por el grupo paramilitar Colina, en las llamadas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por los cuales Fujimori está acusado como autor intelectual. Los otros casos por corrupción serán agrupados en un megajuicio.

Mientras tanto, Fujimori ha comenzado a tomar clases de pintura para poder acogerse a los beneficios carcelarios del dos por uno. Ha trascendido que el ex presidente se encuentra deprimido por su situación legal. En la madrugada del 7 de noviembre del año 2000, cuando su gobierno se desmoronaba luego de que un video pusiera en evidencia a su asesor Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista opositor para que se pase a las filas del gobierno, Fujimori ordenó, sin autorización judicial, el allanamiento de la casa de Montesinos, ubicada en un edificio del residencial barrio limeño de San Isidro. Para el operativo de allanamiento, Fujimori le ordenó al director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, el comandante Manuel Ubillús, que se haga pasar por fiscal. Al momento del ilegal allanamiento, Montesinos ya había huido del Perú y en la vivienda estaba su esposa, Trinidad Becerra. Montesinos tenía la enfermiza costumbre de grabar con cámaras ocultas sus reuniones, incluyendo aquellas en las que él mismo aparecía sobornando a políticos, jueces, empresarios y periodistas. Así fue armando una videoteca de la corrupción, en la que aparecían los personajes más poderosos del país, hasta que se le escapó un video y llegó el final para él y su jefe. Los días posteriores a la huida de Montesinos, Fujimori recorría Lima buscando desesperadamente los comprometedores videos grabados por su asesor. Y en esa búsqueda angustiosa por encontrar los llamados “vladivideos” fue que ordenó el ilegal allanamiento a la casa de Montesinos. El falso fiscal y la policía sacaron de la vivienda de Montesinos cerca de 100 maletas y cajas, donde además de videos también había documentos y algunos objetos personales de Montesinos. Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi, por entonces embajador del Perú en Japón, revisaron cuidadosamente todo lo incautado, vieron juntos los videos y separaron aquellos que les interesaba conservar. Recién seis después del ilegal allanamiento entregaron el resto de lo incautado a las autoridades judiciales. Pero antes, Aritomi había viajado a Tokio con decenas de maletas llenas de los videos encontrados en la casa de Montesinos. Poco después, Fujimori huiría del Perú para reunirse en Japón con su cuñado.

“No se puede probar en este momento el uso que Fujimori puede estar haciendo de los videos que se llevó, en los que seguramente aparecen muchas personajes importantes, como jueces y políticos, grabados en actos de corrupción, pero su existencia es un dato a tomar en cuenta al momento de analizar el proceso a Fujimori y el trato que recibe”, le señaló a Página 12 Nelson Manrique, historiador de la Universidad Católica.