El Consejo de la Magistratura cerró una causa en la que se investigaba si los jueces federales Luis Ballestero, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío habían cobrado sobresueldos con fondos reservados durante el gobierno de Carlos Menem. El expediente se había iniciado a raíz de declaraciones del ex presidente Fernando de la Rúa y del ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio.

El 16 de diciembre de 2003, De la Rúa dijo en un programa de TV que había suprimido por decreto al llegar a la Casa Rosada “sobres a jueces, legisladores y periodistas” y atribuyó a esa decisión parte del fracaso de su gestión. Un año y medio después, en agosto de 2005, el entonces vicepresidente de la Corte, Augusto Belluscio, aseguró que “todo el mundo tenía entendido que los jueces federales -a excepción de Servini de Cubría- recibían un sobresueldo” durante el menemismo. Las afirmaciones de De la Rúa y Belluscio originaron varias denuncias en la Justicia, pero las causas no avanzaron.

El dato más llamativo de la pesquisa fue el aportado por el perito contador Alfredo Rubén Popritkin: determinó que entre 1990 y 2000 los “gastos reservados” treparon a 3758 millones de pesos/dólares, que se repartían en por lo menos trece estamentos oficiales. Popritkin fue separado de la investigación, entre otras razones, “por haber dado a publicidad” los resultados de su pericia.

En su propio expediente, el Consejo de la Magistratura pidió al Gobierno el “levantamiento del secreto que rige la operatoria de la SIDE respecto de la posible entrega no justificada de dinero a jueces o fiscales o funcionarios judiciales de cualquier jerarquía”. La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia respondió que “la búsqueda que internamente se dispusiera en las distintas dependencias de esa institución (la SIDE), ha arrojado resultado negativo en orden a lo que fuera materia de requerimiento”. En base a esa respuesta, el Consejo decidió cerrar la causa. “No se ha comprobado conducta alguna que configuraría causal de mal desempeño ni reproche disciplinario alguno por parte de los señores jueces federales denunciados.” “Toda suposición –señaló el plenario del organismo– estuvo cimentada en rumores o dichos de terceros que no fueron corroborados.”