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Llevó más tiempo la redacción del proyecto de ley que reforma la carta orgánica del Banco Central, que su discusión en el Senado. Después de que el Ejecutivo definiera las líneas centrales, los primeros borradores llegaron al Congreso apenas unas horas antes de su tratamiento. Las principales dudas estuvieron puestas en las indefiniciones acerca del monto de la emisión de moneda que se le autoriza realizar al Central y de las facultades cedidas para salvar discrecionalmente, vía redescuentos, a un grupo indefinido de entidades financieras. El rápido acuerdo alcanzado en la comisión parlamentaria por justicialistas y radicales fue la llave para que la ley fuera aprobada con escasas oposiciones. Por la negativa votaron los miembros del bloque de partidos provinciales y la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Se abstuvieron la frepasista Vilma Ibarra y el radical Rodolfo Terragno.
Una breve exposición del justicialista Carlos Verna fue la presentación del proyecto oficial. Su alocución fue una mera formalidad para salvar las tradiciones parlamentarias, ya que la defensa y explicación de la ley estuvo a cargo del radical Raúl Baglini. Y la costumbre indica que el miembro informante, como se denomina a quien expone las características del proyecto en tratamiento, sea un hombre del oficialismo. Por estos días, la delgada línea que diferencia a radicales de peronistas es imperceptible. Luego de la salida de la convertibilidad, el Gobierno planteó que la modificación de la carta orgánica del BCRA era una necesidad. El proyecto aprobado convierte al Central en prestamista del sistema financiero y le otorga la facultad de emitir sin restricciones.
Precisamente estos fueron los principales puntos de cuestionamiento que formularon los pocos senadores que objetaron la iniciativa. “Ojalá que me equivoque, pero por salvar a 4 o 5 bancos quizás terminemos hundiendo al país”, fue la admonitoria frase con la que Fernández de Kirchner cerró su exposición. La justicialista santacruceña votó en contra porque consideró que “el Estado argentino va a terminar financiando vía redescuento a los sectores financieros”. Una medida que –dijo– pone a las claras cómo se comporta el “capitalismo en la Argentina: subsidiamos a los ricos y castigamos a los pobres”. Kirchner centró sus críticas en la discrecional facultad que se le brinda al Central para otorgar redescuentos a entidades financieras. Incluso fue más allá y dijo que la ley de quiebras que esperaba para ser tratada luego de que se aprobara la reforma a la carta orgánica del Central cerraba el círculo sobre quiénes serían los perjudicados y quienes los beneficiarios de la actual crisis económica. Entre los primeros pareció aludir a los ahorristas, el sector de clase media que con sus cacerolas tiene al gobierno en jaque. Por eso, luego de recordar que “si algo distinguió a nuestro país en América Latina fue la existencia de capas medias”, sostuvo que “se huele en el aire el clima de ruptura social”.
Otro de los opositores al proyecto fue el renovador salteño Ricardo Gómez Diez. Afirmó que “era un verdadero cheque en blanco para que el BCRA asista a las entidades financieras. Se eliminan los plazos y máximos de dicha asistencia”. Por esto aventuró que “la discrecionalidad con la cual el Central podrá manejarse será total”.
En diálogo con Página/12 Gómez Diez señaló que “se pierde una oportunidad histórica para redefinir el sistema financiero”. La crítica del salteño es que se continúa con la misma política de ayuda artificial y selectiva de algunas entidades.
Palabras más, palabras menos, los dos senadores aliancistas de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron en la forma en que fue tratada la iniciativa. A la hora de votar, tanto Terragno como Ibarra se abstuvieron. Terragno cuestionó que “siempre se invoque la urgencia para imponer leyes que, al fin, son sancionadas con un cuchillo en la garganta y que terminan agravando la crisis económica”. Calificó a la reforma de la carta orgánica como “Plan Andador”, ya que es la manera con la que el gobierno pretendesalir del corralito. Y sugirió que las improvisaciones puedan conducir a que “con tal de resolver la angustia y la incertidumbre, la dolarización sea reclamada o consentida aún por quienes serán sus víctimas”.
A mano alzada
Luego de un pobre debate, los senadores votaron una reforma que le otorga al Central las siguientes facultades:
u Podrá asistir a las entidades bancarias por montos superiores a las garantías presentadas por su patrimonio. Si el banco auxiliado no pudiera hacer frente a los préstamos, el Central podría quedarse con la entidad. La medida convierte a la entidad en un banco prestamista.
u Se autoriza la emisión monetaria fijando los límites establecidos en la ley de Presupuesto y habilita los organismos de control del Congreso. Sostiene que la “misión primaria y fundamental del BCRA será preservar el valor de la moneda”, pero no especifica de qué manera cumplirá ese rol.
u Las condiciones de seguridad para que operen los bancos será un resorte del BCRA y no del PEN.
En cuanto a la Ley de quiebras, que comenzó a tratarse a las diez de la noche, generó internas. La ley se había originado en Diputados como un intento para frenar las quiebras de medianas y pequeñas empresas. Ayer produjo un cuarto intermedio que se prolongó hasta bien entrada la noche. Lejos de su espíritu original, la medida puede ayudar a que se licúe el pasivo de las más grandes empresas, firmas sobre las que en algunos casos pesa la sospecha de que el origen de su endeudamiento estaría en la compra de dólares que hoy se encontraría en el exterior a resguardo del corralito. Mientras los radicales intentaban saldar sus discrepancias, los peronistas hacían lo propio en el despacho de la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso. Incluso la sesión se demoró porque una delegación compuesta por los senadores José Luis Gioja, Juan Carlos Maqueda y Carlos Verna se trasladó hasta el Ministerio de Economía para discutir la letra fina de la iniciativa.