“Nosotros no matábamos. Deteníamos y entregábamos”, reconoció ayer el general brasileño retirado Agnaldo del Nero Augusto. Con esas palabras, el ex jefe del Centro de Informaciones del ejército durante la dictadura militar que con mano de hierro dirigió los destinos del país entre 1964 y 1985 confirmó la participación de su gobierno en el Plan Cóndor. La declaración, conseguida por el diario O Estado de Sao Paulo, se produce justo cuando la Justicia italiana pretende avanzar en su propósito de juzgar a 140 militares y servicios de inteligencia sudamericanos por la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el Cono Sur, durante la represión estatal de la década del ’70.

Según el general de división de la reserva del ejército, en el marco del Plan Cóndor Brasil, “se limitó a colaborar con informaciones, a entrenar a agentes extranjeros y a vigilar a subversivos”. Y eso fue, siempre siguiendo a Augusto, exactamente lo que ocurrió con los ciudadanos ítalo–argentinos Horacio Domingo Campiglia y Lorenzo Ismael Viñas, capturados en Río de Janeiro y Rio Grande do Sul, respectivamente. Ambos integrantes de Montoneros fueron detenidos allí y enviados clandestinamente a la Argentina, donde desaparecieron en 1980. “¿Qué crimen hay en haberlos detenido?”, se sigue preguntando el general.

La semana pasada, la jueza Luisanna Figliola había solicitado la captura y extradición a Italia de trece brasileños –entre los que se encuentra el último presidente de la junta militar, el ya fallecido general Joao Baptista de Figueiredo– involucrados en las desapariciones de Campiglia y Viñas.

Hasta el momento, el gobierno brasileño ha asegurado no haber recibido ninguna notificación formal por parte de la Justicia italiana. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargaron de dejar claras sus posturas respecto del caso. Por un lado, el ministro de Justicia, Tarso Genro, recordó que en Brasil rige una ley de amnistía desde 1979, sancionada por el gobierno de Figueiredo. Pero, en el mismo momento, insinuó que desde la presidencia se podría iniciar un proceso a los acusados, ya que muchos de los casos ocurrieron con posterioridad a esa fecha. Eso sí, nadie en Brasilia está pensando en aceptar el pedido de extradición.

El tema explotó la semana pasada, con la detención en Salerno, al sur de Italia, del ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna) Néstor Jorge Fernández Tróccoli. A partir de ese momento, cobró vigor el pedido de la Justicia italiana, que incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, de los cuales seis están muertos. Entre ellos se encuentran los principales jerarcas de cada una de las dictaduras del Cono Sur, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, el peruano Francisco Morales Bermúdez, el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras y el fallecido Augusto Pinochet, entre otros.

En la Argentina, sin embargo, la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de pesquisa, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres dio por clausurada la etapa de instrucción y resolvió su elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor. Entre ellos se encuentran el mismo Videla y otros 16 ex jefes militares, como los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Be-ssone y Antonio Domingo Bussi.