El lunes pasado Página/12 publicó una entrevista al titular del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Sus declaraciones sobre las ciencias sociales generaron polémica: el sábado se publicó una respuesta de Atilio Boron y las siguientes líneas se añaden al debate.

El doctor Benjamín Frydman, que fue un importante miembro del sistema científico argentino e internacional, escribió un artículo donde argumentó que la ciencia es una actividad humana demasiado importante como para escapar al control de la sociedad; por eso, agregaba, debe llevarse a cabo en las universidades públicas. Cuando escribió esto lidiaba con la herencia que el Conicet de la última dictadura militar había dejado al grupo de científicos que desde 1984 intentó democratizarlo. El Conicet de la democracia se había convertido en querellante junto a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para denunciar las desviaciones de fondos a asociaciones y fundaciones integradas “por funcionarios del Conicet o personas allegados a ellos” que tramitaron y entregaron con fines de enriquecimiento personal cuantiosas sumas de dinero (Aportes para una Memoria, Conicet, 1988).

La dictadura militar consideró al espacio universitario demasiado “contaminado” por la sociedad, aun con toda la represión que le imprimió, y se propuso matar dos pájaros de un tiro: trasladar la mayoría de la actividad científica desde las universidades a los centros propios o asociados y habilitar grandes negocios para una camarilla. Este grupo además, estuvo fuertemente sospechado de participar en procesos de denuncias y represión de jóvenes científicos.

Durante mucho tiempo la pregunta que circuló entre los que seguimos y participamos en la reparación de estos hechos en la segunda mitad de los ’80 fue ¿y los científicos que permanecieron en el país qué hicieron, por qué callaron? El documento del Conicet de 1988 que cité en el primer párrafo sostiene que fueron dos científicos los primeros en denunciar el fraude antes de finalizar la dictadura pero, dadas las condiciones jurídicas existentes, no prosperaron. Por otro lado, muchos otros mantuvieron verdaderos autoexilios y subsistieron como pudieron en sus laboratorios e institutos sin recibir fomento alguno. No obstante muchos científicos, sin ser socios de la estafa o de la represión, fueron simplemente complacientes. Recibieron dinero para investigar y callaron. Cuando se indagan las razones de esta actitud a quienes conocen bien los mundos sociales de las “ciencias duras”, las respuestas más frecuentes enfatizan la falta de interés por los temas públicos y políticos y, por otro lado, se señala el dinero, el subsidio –cualquiera sea la procedencia– como mecanismo capaz de acallar conciencias. En las ciencias sociales fue aún peor pues los grupos involucrados no sólo conocían muy bien lo que ocurría sino que fueron ideólogos activos del proceso militar. El Conicet, después de 1989, dejó de ser querellante en estas causas pero muchos de aquellos institutos fraudulentos se habían cerrado y otros habían pasado a asociarse con las universidades públicas y cambiado el tipo de gestión. Así el espacio universitario fue nuevamente centro privilegiado de la generación de conocimiento científico. Las bajas dedicaciones de los profesores concursados o contratados y un importante avance de su privatización –vía convenios– condujeron a la compleja situación del presente universitario. No obstante, la universidad sigue siendo el lugar adecuado para producir ciencia por las misma razones que enunciaba Benjamin Frydman y porque debemos seguir batallando para que vuelva a constituir el espacio por excelencia de la libertad y autonomía científica y de los pensamientos críticos. En las universidades, por ejemplo, los jóvenes indagaron acerca del pasado y son frecuentes los homenajes a estudiantes, profesores e investigadores víctimas de la represión.

Es importante destacar que el conocimiento científico tiene que estar acompañado por la libertad y promoción del pensamiento social crítico, porque la actividad científica es social, está imbricada con relaciones sociales y de poder. Hoy que recibimos con beneplácito y simpatía la creación del Ministerio de Ciencia, es muy importante recordar las malas experiencias pasadas, que separaron la investigación de la universidad pública, y es impostergable que los miembros más responsables y conscientes del sistema científico argentino presten atención a los nuevos pensamientos sociales críticos. Sin la consideración de estas dos cuestiones resulta fácil perder el rumbo de una ciencia que contribuya al bienestar de las grandes mayorías y no se refugie en espacios autocentrados. Como dice el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, todo lo auspicioso del nuevo status que adquiere la ciencia con este ministerio puede desmoronarse si la nueva institución sustancializa los términos ciencia, tecnología y desarrollo ya que la idea de que refieren a cosas buenas en sí mismas está fuertemente cuestionada.

Ultimamente pululan los ejemplos de difusión mediática de supuestos adelantos médicos o educativos brindados por la “tecnociencia”, que terminan en simples y nefastos negocios, denunciados en voz más baja que los anuncios previos. Son bien conocidas las devastaciones al medio ambiente y a la gente como consecuencias de la aplicación de nuevas tecnologías en la explotación de los recursos naturales (por ejemplo en la producción minera los millones de litros de agua dulce diaria que se restan a la reproducción de la vida). Los peligros que acechan al sistema científico hoy, a diferencia de los ’70, residen en esta articulación manifiesta entre ciencia (o “tecnociencia”) y “mercado” (negocios). Algunos científicos sociales podemos acompañar proyectos y aportar nuestros conocimientos pero siempre –aunque molestemos– desde la producción de pensamiento que “incomoda”, que cuestiona la relación “ciencia-negocios” y que desarma los mitos en los que se configura este modelo neoliberal para la reproducción de un orden profundamente injusto y desigual.

* Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del Instituto Gino Germani.