La Liga Argentina por los Derechos del Hombre denunció ante la Justicia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al fiscal Alberto Gentili, titular de la Unidad de Apoyo Fiscal para la investigación de Delitos Complejos (Ufidro). Lo acusa de no investigar ni denunciar supuestas tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones sociales. El caso, que Página/12 publicó en julio pasado, derivó en una investigación interna en la Procuración General de la Nación. Su titular, Esteban Righi, afirmó que uno de los informes cuestionados es legal y el otro –sin firma ni carátula, bajado del sitio web del ex ministro del Interior Carlos Corach– no es adjudicable a ningún organismo de seguridad. Para Righi, los fiscales sindicados no violaron ni consintieron la violación de la Ley Nacional de Inteligencia.

A mediados de 2007 la Liga denunció el espionaje ilegal en mesa de entradas de Presidencia. “Con el pretexto del combate contra el narcoterrorismo se persigue al campo popular y lo grave es que esto ya ocurría antes de la sanción de la Ley Antiterrorista”, advirtió José Schulman, secretario de la Liga, en aquel momento. El primero de los escritos cuestionados, anónimo, se titula “Las FARC en la República Argentina” y entre otras actividades del vocero de esa organización en el país, Javier Calderón, incluye un acto en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo con motivo de los 40 años de las FARC, con el detalle de quiénes hicieron uso de la palabra y menciones a sus militancias. El segundo informe fue elaborado por la sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. Menciona los secuestros como “forma de financiamiento” de las FARC y la vincula con el partido Patria Libre de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile.

Ahora, en diálogo con Página/12, Schulman sostiene que la denuncia penal recién presentada por la Liga apunta a “poner en correspondencia los dichos con los hechos. Es un contrasentido que el Gobierno participe de acciones internacionales para encontrar vías de salida a la situación que hay en Colombia, donde uno de los actores son las FARC, y a su vez se apañe este tipo de actividades”.

Desde que se difundió el caso el año pasado, el procurador Esteban Righi abrió un expediente interno para que los fiscales dieran explicaciones. El 9 de octubre se dio por satisfecho y archivó la investigación. Según ese expediente, el primer informe lo envió a la Ufidro el 21 de marzo el fiscal federal de Mar del Plata, Daniel Adler. Lo había recibido en el marco del Juicio por la Verdad de manos del abogado Gustavo Demarchi, ex fiscal federal durante la dictadura. La motivación de Demarchi es clara: durante el acto de Calderón en la casa de las Madres aparece mencionado como “ex montonero” el abogado Eduardo Soares, hijo de un militante peronista asesinado en 1975 por miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata. El 6 de marzo, durante una audiencia del Juicio por la Verdad, Soares había sindicado como hombre de la CNU a Demarchi, que –adecuado a las armas de la época– no demoró en elaborar su contraataque vía Google.

Adler entendió que las actividades mencionadas no tenían relación con su departamento judicial y lo remitió a la Ufidro por las referencias al narcoterrorismo. Gentili consideró que escapaba a las atribuciones de su unidad y lo devolvió al marplatense para que evaluara si existía algún delito. Adler lo puso en conocimiento del fiscal de primera instancia Jorge Gutiérrez, quien inició una investigación penal preparatoria que poco después cerró. El documento en cuestión, sin carátula, membrete ni autor identificable, puede leerse completo en el sitio web de “Fupomi”, fundación que dirige el ex ministro del Interior menemista Carlos Corach.

El segundo informe, enviado a la Ufidro el 11 de junio por la fiscal federal Liliam Delgado, de El Dorado, Misiones, fue elaborado por la sección Triple Frontera de la DUIA. Ante la consulta de Righi la fiscal Delgado explicó que recibe informes de esa dependencia en forma regular, que en su jurisdicción no detectó “tareas de espionaje interior” y sólo lo envío a la Ufidro “a título ilustrativo”, porque aludían a temas de secuestros y narcotráfico en la Triple Frontera, originados en información de prensa.

Righi concluyó que se trató de dos informes diferentes, remitidos a la Ufidro en distintos momentos y desde distintas jurisdicciones. El primero sugiere una investigación sobre actividades políticas, educativas y sociales de distintas personalidades, pero carece “de datos o indicios objetivos que permitieran sospechar que fue realizado por algún organismo de seguridad”, consideró. Del segundo no se desprende ninguna actividad ilícita de inteligencia. Concluyó descartando “toda posibilidad de que presuntas violaciones a la Ley Nacional de Inteligencia” hayan sido “ordenadas, realizadas o siquiera toleradas o aprovechadas” por algún fiscal.

La denuncia penal presentada por la LADH, que firman Herman Schiller, Patricio Etchegaray y Eduardo Soares, no menciona al expediente de la Procuración e insiste en que “la actuación de los funcionarios aludidos se encuentra sustentada sólo en datos obtenidos por ilegales tareas de inteligencia interior”. El escrito está ahora en manos del juez federal Claudio Bonadío. Si el magistrado considera los argumentos de los denunciantes una de sus primeras medidas será preguntarle al ex ministro Carlos Corach quién le envió el simpático informe sobre el enviado de las FARC al país que aún puede leerse en www.fupomi.com.ar