Todo hacía pensar que, con el recambio en la presidencia de Argentina, la relación con Uruguay estaba en vías de mejorar. Sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner recibió ayer la primera queja formal de la administración de Tabaré Vázquez. El reclamo apuntó al corte contra la pastera Botnia protagonizado el fin de semana por los ambientalistas de Colón, que se sumó al bloqueo permanente de la asamblea de Gualeguaychú. La protesta diplomática fue presentada por escrito ante la embajada argentina en Montevideo y tiene la firma del canciller Reynaldo Gargano, quien anunció que –además– volverá a plantear este tema en el tribunal de La Haya, exigiendo que se cumplan las normas regionales sobre “libre circulación de personas y mercaderías”. La Casa Rosada optó por no contestar. En voz baja acusa al país vecino de cambiar el eje del debate: centrarlo en los cortes, en lugar de en la violación del Estatuto del Río Uruguay, base del pleito en la Corte Internacional.

La semana pasada, cuando la interrupción del paso en el puente Colón-Paysandú era inminente, Gargano le reclamó al Gobierno argentino que impidiera esa medida que, aducía, provocaría graves consecuencias para su país tratándose de un fin de semana de recambio turístico. En una entrevista publicada ayer por el diario uruguayo La República el canciller oriental anunciaba que haría una queja formal. “Yo quiero que el gobierno argentino se pronuncie y que diga lo que le parece respecto a que quince personas puedan determinar el camino de decenas de miles de personas para hacer sus vacaciones o que no puedan transitar libremente las mercaderías que afectan a otros tantos”, advirtió en el reportaje. A las siete de la tarde, finalmente, presentó una “nota verbal” –así se llama en la jerga diplomática– al embajador argentino Hernán Patiño Mayer.

La carta pide “que se cumpla con el Tratado de Asunción del Mercosur en cuanto a la libre circulación de personas y mercaderías” y “con lo dispuesto por el Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur, que entendió que es ilegal el corte de los puentes”, enumeró Gargano. “El control de salida e ingreso de personas a un país es un derecho indelegable de los gobiernos y en el caso de Argentina eso no se está cumpliendo”, afirmó.

El gobierno argentino, por lo pronto, no responderá. En la Casa Rosada reina la convicción de que Uruguay busca desviar la atención del principal punto del conflicto. Hubo dos cuestiones que, según voceros oficiales, llamaron la atención en despachos porteños: que el gobierno vecino se queje por lo mismo que hizo del lado de su territorio, es decir, impedir el paso. Y que hayan elevado la nota de queja pese a que el corte de Colón se levantó el domingo a la noche.

Gargano amenazó con volver a poner el tema en el plano internacional. “Hemos hecho todo, he hecho todos los esfuerzos personales; junto al intendente de Paysandú hemos manifestado nuestra protesta públicamente y vamos a hacer llegar a La Haya esta protesta además de hacérsela llegar a los argentinos”, sostuvo. El canciller no especificó qué tipo de presentación hará en la Corte de Justicia, que –en rigor– ya le rechazó un planteo relacionado con los bloqueos el año pasado. Su nueva embestida surge cuando faltan pocos días para que Argentina lleve su “réplica” a ese tribunal, frente al cual acusa al gobierno de Tabaré Vázquez de violar el estatuto del Río Uruguay al haber habilitado en forma unilateral la instalación de la planta de Botnia. El 29 de este mes el gobierno de Cristina Kirchner llevará nuevos argumentos que incluirían intentos de demostrar que la pastera ya contamina.