El juicio por la valija de Guido Antonini Wilson, versión norteamericana, comenzaría el 17 de marzo según anunció ayer la jueza Joan Lenard. Le fecha, aclaró, es tentativa y podría sufrir alguna postergación. Así, mientras una jueza argentina sigue reclamando su extradición por posible lavado de dinero y contrabando, el “valijero” –lejos de llevar el traje de acusado– se perfila como un testigo estelar en los tribunales de Miami, donde sus ex socios y amigos Franklin Durán y Carlos Kauffmann serán parte del team en el banquillo junto con el abogado Moisés Maoinica y el empresario uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. El fiscal Thomas Mulvihill les imputa haber actuado como agentes ilegales del gobierno venezolano con el fin de presionar a Antonini para que no revelara el origen y destino de los 800 mil dólares que le incautaron en el aeroparque porteño el 4 de agosto.

Los cuatro hombres, que están presos, corren riesgo de recibir penas de hasta diez años de prisión, según prevén las leyes estadounidenses para quienes son acusados de actuar como espías de otro país sin declarar su actividad en el Registro de Agentes Extranjeros, en el Departamento de Justicia. El uso de esa figura no sorprende a nadie en La Florida, donde ha sido aplicada con frecuencia en expedientes contra cubanos. Mulvihill tendrá que demostrar el vínculo entre los venezolanos y el uruguayo con el gobierno de Hugo Chávez. El juicio oral podría durar dos o tres semanas, según calcula uno de los defensores consultados por Página/12.

Allí se darán a conocer las famosas grabaciones y filmaciones en las que, según viene sosteniendo el fiscal (en base a la investigación del FBI), los imputados le dicen a Antonini que el dinero de la valija era para la campaña de Cristina Kirchner, lo amenazan para que no lo revele y hasta le ofrecen dos millones de dólares por su silencio. Se supone que en esos registros hablan de sus contactos con funcionarios venezolanos del Ministerio de Justicia, la Disip (central de inteligencia) y hasta la vicepresidencia. Este material es secreto, sólo accesible para las partes, hasta el juicio.

La audiencia de ayer, con todos los detenidos presentes, duró menos de media hora. Sirvió, en esencia, para que la jueza Lenard fijara un cronograma con el que aspira a llegar a un “juicio rápido”, dentro de los próximos setenta días, como pidió Mulvihill. La secuencia prevista quedó así, según informó la fiscalía:

-La próxima cita de las partes con Su Señoría será el 11 de febrero. Ese día podría redefinirse (o no) la fecha del juicio. Eso dependerá básicamente de dos factores: si viene retrasada la traducción al inglés de los videos, grabaciones y documentos que componen la evidencia de Mulvihill y si, además, los abogados reclaman acceso a nuevas pruebas.

-Tres días después se vence el plazo para que los defensores presenten nuevos planteos, si los tienen. El fiscal tendrá tiempo para contestarles hasta el 3 de marzo y las réplicas podrán tener lugar hasta el 10.

- El 12 de marzo habrá una nueva audiencia en la que se pasará en limpio el estado del caso para evaluar si está en condiciones de ser efectivamente elevado a juicio. Suponiendo que no hubiera ninguna modificación, la jueza podría fijar la fecha de inicio el 17 de marzo o elegir cualquier otro día antes del 31 de ese mes.

Es previsible que el proceso sufra alguna dilación. El propio abogado de Kauffmann, Jacob Denaro, anunció ayer que presentará una apelación ante la Corte de distrito del Sur de La Florida contra la decisión del juez Robert Dubé, que el lunes le rechazó su pedido para una nueva audiencia de excarcelación. El magistrado todavía debe dar respuesta a un reclamo igual formulado por el defensor de Durán, Edward Shohat. El argumento es que estuvieron mal representados por su primer abogado. Ambos letrados, además, vienen argumentando en sus escritos que el affaire de la valija está siendo utilizado políticamente y no hay elementos claros que relacionen a sus clientes con el gobierno de Chávez. Shohat afirmó que Estados Unidos busca manchar a Venezuela. Denaro dijo que si hubo un delito, se cometió en otra parte: Argentina.