La defensa del último presidente de facto, Reynaldo Bignone, apeló ante la Cámara Nacional de Casación Penal su procesamiento en la causa que investiga los crímenes cometidos en Campo de Mayo y calificó como “Nuremberg argentino” al proceso de justicia reabierto tras la anulación de las leyes de impunidad. Para el abogado Juan Martín Aberg Cobo (h), su pupilo “combatió con la ley en la mano” a las “fuerzas terroristas que azotaban al país”. Este año el dictador de 79 años será juzgado por su responsabilidad en el plan sistemático de robo de bebés.

Bignone fue procesado por el juez federal Alberto Suárez Araujo. En diciembre la Cámara Federal de San Martín ratificó el fallo. “Esta defensa aboga para que, sin que se produzcan nuevas muertes (sic), que ya bastantes tuvimos, prime la cordura, la lógica y la recta aplicación de la Constitución Nacional por sobre cualquier mezquino interés que pudiera existir, para poner punto final a este verdadero ‘Nuremberg argentino’”, escribió Aberg Cobo.

Más allá de las similitudes de ideología y métodos entre jerarcas nazis y argentinos, la comparación de los procesos de justicia minimiza los logros en el caso argentino. Mientras apenas quince nazis fueron condenados, en la Argentina ya hay once condenados tras la reapertura de las causas y casi 300 procesados que serán juzgados en el corto plazo.

Bignone fue director del Colegio Militar en 1976. Allí desaparecieron tres soldados que prestaban servicios a sus órdenes: Mario Molfino, Luis García y Luis Steimberg. El 28 de marzo, como delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social, encabezó la toma del Hospital Posadas. Se lo recuerda ingresando rodeado de tanques y camiones. Instaló un centro clandestino en la residencia del director, que pronto se pobló de médicos y enfermeras. Por quince secuestros en ese hospital devenido centro de torturas lo procesó en noviembre el juez federal Daniel Rafecas.

A partir de 1977 fue segundo jefe del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo. En esa unidad funcionó el mayor centro de exterminio del país. El 1º de julio de 1982 asumió como presidente. Suscribió la “ley de autoamnistía” para garantizar la impunidad propia y de sus camaradas, y el denominado “Documento Final de la lucha contra la subversión y el terrorismo” que dio por muertos a los detenidos-desaparecidos y a sus hijos nacidos en cautiverio. En los próximos meses el Tribunal Oral Federal 6 lo juzgará por 34 casos de sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad. Cumple prisión domiciliaria en su departamento de 3 de Febrero 1950, 6º “2”. Este mes cumplirá 79 años.