La “ofensiva” anunciada por el fiscal general porteño Germán Garavano de sancionar a las organizaciones gremiales o sociales que realicen cortes en las calles recibió la desaprobación del gobierno nacional y el rechazo de los dirigentes piqueteros. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó la política del gobierno nacional de no reprimir los cortes, pero aseguró que lo que dicen los fiscales no es nuevo. “Si yo no cuento, pareciera que descubrieron el agujero del mate”, ironizó. “Pero esto se hace todo el año: en 2007 hubo 1204 casos que fueron denunciados por la Policía Federal a los que los fiscales les contestaron que no adopten ningún temperamento”, sostuvo en una conferencia en la Casa Rosada. Y agregó que “si ahora Garavano ha conseguido que los fiscales tomen una actitud distinta, es algo que tenemos que celebrar”.

Aníbal Fernández habló luego de reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para analizar las declaraciones de Garavano, publicadas en La Nación. “Vamos a hacer un cambio en el abordaje del problema. Vamos a ir contra los responsables, los líderes de las organizaciones, contra los que arman estas marchas”, sostuvo allí el fiscal, sobre esta supuesta nueva estrategia frente a los cortes. Garavano llegó a su cargo con el apoyo del macrismo y el jefe de Gobierno porteño ya había dicho que no permitiría “el atropello a los vecinos”.

Fernández dijo que salía a contestar porque de lo contrario daría la sensación de que el gobierno nacional no hace nada al respecto y prevalecen la “inacción y la desidia”. Entonces realizó un extenso racconto de las denuncias realizada y de la actitud tomada por cada fiscalía. Allí detalló que de 1220 casos denunciados por la Policía Federal –“con el hecho ahí adelante y el oficial llamando al fiscal”, graficó–, hubo 1204 en los que “no se adoptó ningún temperamento”.

El ministro sostuvo que el Gobierno adopta medidas activas respecto a las protestas como “encapsular” a los manifestantes, despojar de armas de fuego a los efectivos –“porque no las necesitan”, fundamentó– y tratar de liberar siempre carriles para que el tránsito pueda seguir circulando. Con todo, el ministro insistió en que “el Gobierno no avala ni comparte” la metodología de los cortes, tampoco los va a reprimir: “Es más simple apostar al tiempo y no resolver las cosas a los palos”, sostuvo.

Obviamente, la anunciada ofensiva judicial de los fiscales tuvo el inmediato rechazo de los dirigentes piqueteros.

“Nosotros no le reconocemos a un Estado el derecho a violar la Constitución nacional; todos los ciudadanos de este país tienen derecho a manifestarse y a protestar”, aseveró Raúl Castells. El dirigente dijo que su agrupación, el MIJD, “no va a tramitar el permiso” que desafiará el viernes con una manifestación que cruzará la ciudad aunque afirmó que dejarán “carriles libres de la calle” para que circulen los automovilistas. Calificó a Macri como “un niño bien de la oligarquía” que echó a 2300 trabajadores municipales “para que le cierren los números de los negocios del padre”.

“Los agravios a la población no se notifican: Macri no notificó el aumento del ABL, más bien dijo lo contrario, y a ninguno de los empleados municipales les informaron que iban a ser despedidos”, argumentó por su parte Marcelo Ramal. El dirigente del PO, que también enrola a los piqueteros del Polo Obrero, afirmó que la decisión de la Justicia “es una ofensiva contra todo tipo de manifestación, marcha o expresión pública que se realice en la calle”, como medidas que “están tratando de proteger una política de Macri que ya se está revelando contraria de los vecinos”.