“Me encuentro lisa y llanamente impedido de ejercer mi derecho a defensa”, señaló el ex capitán de la Armada Antonio Pernías “El Rata”, en un escrito ante el juzgado federal de Sergio Torres. En sus nuevas condiciones de detención en la cárcel para presos comunes de Marcos Paz, el marino no está cómodo: siente “imposibilidad de consultar mis archivos en sostén magnético”, porque ahora no puede usar computadora. La suya no es la primera ni la única presentación de los marinos dispuestos a pedir hasta wi-fi. Tal como informó Página/12, durante la feria judicial Torres recibió también presentaciones de Alfredo Astiz “El Cuervo” y Eduardo Enrique Schelling “El Pingüino”. En todos los casos, el gran pedido de fondo es volver a las cárceles navales.

A falta de computadoras, Pernías escribió sus seis carillas para Torres de puño y letra. En la presentación, además de pedir los avances tecnológicos expuso algunas consideraciones políticas en línea con la estrategia de defensa con la que todos insisten para salir de Marcos Paz. “La Armada toda –escribió–, INSTITUCIONALMENTE (en imprentas en el original) participó de la guerra contra el terrorismo, los pocos privados de la libertad son combatientes y no delincuentes como se pretende calificarnos.”

Pernías está con un procesamiento confirmado por más de un centenar de delitos en la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada. Como lo hacen sus camaradas de armas, en su escrito sostiene que “la visión de la historia reciente ha sido perversamente malversada”. Habla del “uso político que hacen los organismos de derechos humanos” y que en el juzgado “habrían caído en saco roto” sus “aportes en búsqueda de la verdad”.

En ese contexto, pidió la serie de privilegios perdidos. Pernías llegó a Marcos Paz por una disposición de Torres, una semana después de que apareciera el cadáver envenenado del ex prefecto Eduardo Febres, detenido en un dúplex VIP de la Prefectura Naval. Hasta ese momento, como sucedía con Astiz y con Schilling, estuvo cuatro años en distintas unidades penales militares a donde ahora quiere volver.

El primero de sus reclamos se conoció en septiembre del año pasado. Dos meses antes, la ministra Nilda Garré había ordenado el traslado de 17 represores de las unidades militares de la Armada al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, una cárcel que está dentro de Campo de Mayo, pero que es más parecida a una cárcel común. En esa ocasión, Página/12 dio cuenta de cómo los marinos pusieron el grito en el cielo. Aprovechando un corte de agua, presentaron a través del abogado Juan María Alberg Cobo un habeas corpus. El juez federal Juan Manuel Culotta lo consideró “improcedente”. Ahora volvieron a insistir. Veinticuatro horas después del traslado a Marcos Paz, el abogado Alfredo Solari le entregó un escrito al juzgado de Torres para pedir el regreso a las bases navales. Permanecer en una “cárcel civil”, indicó, implica “un tratamiento indigno, degradante, persecutorio y carente de justificación histórica, humana, jurídica y constitucional”. Alberg Cobo en este caso pidió como alternativa que retornaran a la base de Río Santiago, una especie de alojamiento VIP aunque admitió que podían tener la vigilancia y supervisión del SPF.

Entre las quejas mencionadas por este diario el 20 de diciembre, reclamaron el derecho al uso de una computadora con banda ancha, teléfono celular, aire acondicionado, microondas y DirecTV. Se quejaron por estar en una cárcel para “presos comunes” y hasta de la presencia de sabandijas que debieron fumigar con insecticidas o someterlas al “exterminio manual”.

De la respuesta a este nuevo pedido también participó el Gobierno. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Fernández dio cuenta por escrito de las prolijas y modernas condiciones de los diferentes módulos de la cárcel. Aclaró puntos de la queja, mencionó la limpieza y los horarios. Sobre la cuestión central de las computadoras explicó: la falta de computadoras en red “no es obstáculo para la defensa de los derechos toda vez que cuentan con un sistema de audiencias pudiendo realizar notas por escrito; permitiéndose el ingreso de bibliografía a través de las visitas”.

Pero en las últimas horas, el Foro de Almirantes Retirados insistió con el pedido. Acaba de pedirle al jefe de la Armada, Jorge Godoy, que asuma la defensa y reclame en nombre propio el traslado de los marinos a una cárcel de la Armada. Godoy todavía no respondió.