La vicejefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, deberá anotar “audiencia judicial” en su agenda, en la mañana del martes 19. El juez Roberto Andrés Gallardo la citó junto a otros funcionarios porteños y representantes de Sutecba antes de resolver sobre un nuevo amparo que pidió el sindicato por un informe de la Auditoría General de la ciudad, en el que plantearon irregularidades en la obra social de los municipales. El informe –en realidad, un preinforme– fue difundido por el macrismo antes de que fuera aprobado por la auditoría y sirvió como fundamento para la intervención de la Obsba que el jefe de Gobierno Mauricio Macri todavía pelea en los tribunales. Los gremialistas argumentan que se violó la confidencialidad del informe y que tenía errores.

Al igual que la jueza Elena Liberatori, Gallardo ya le trajo algunos dolores de cabeza a la gestión PRO: falló a favor de los 2400 despedidos, le reclamó al gobierno porteño la nómina de los cesanteados –nunca entregada– y los conminó a sumar a ATE a la paritaria en la que Macri negocia exclusivamente con el sindicato de Amadeo Genta. Ayer, el juez citó a Michetti, al procurador general Pablo Tonelli, al interventor de la Obsba, Jorge Rey, a la titular de la auditoría, Sandra Bergenfeld, y a los representantes de Sutecba para una audiencia judicial el martes próximo en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Su Señoría les aclaró que deberán “comparecer en forma personal e indelegable”.

Desde el entorno de Michetti aseguraron que la vicejefa seguramente concurrirá a la audiencia, pese a que es probable que Sutecba convoque a buena parte de su tropa a manifestarse. Por las dudas, el juez ya solicitó a la Policía Federal que “arbitre las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los asistentes”.

Gallardo resolvió citarlos antes de resolver una medida cautelar que pidió Sutecba. Para el gremio hubo “errores sustanciales” en el preinforme de la auditoría, que detectaba una serie de irregularidades en la rendición de cuentas de la obra social en un subsidio de seis millones de pesos concedido por el gobierno porteño. El documento advertía sobre irregularidades en las facturas que presentó la obra social y fue uno de los argumentos que usó el macrismo para intervenir la Obsba.

El problema legal fue que el preinforme no había sido aprobado aún por la auditoría y era de carácter reservado. Por eso, el abogado de Sutecba argumentó que “no se cumplieron las normas de confidencialidad” para la presentación del informe. Luego de su difusión, el documento tuvo que ser reelaborado por la auditoría y finalmente fue publicado el 8 de febrero. Allí el ente de control recomendó que se “profundizase” la investigación sobre las irregularidades.