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El Congreso recibió ayer el decreto del Poder Ejecutivo que establece una prórroga en las sesiones ordinarias de ambas cámaras, que continuarán hasta el 10 de diciembre, tal como había anticipado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la semana pasada. Las sesiones extras servirán para que el Poder Legislativo brinde su acuerdo a los ascensos militares dentro de las Fuerzas Armadas y de la carrera diplomática, además de tratar el nombramiento del designado embajador en la Unión Europea, Hernán Lorenzino, y del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

Por otra parte, el oficialismo buscará hoy, desde las 13.30, obtener la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regula la Responsabilidad del Estado, que es rechazada por distintos sectores de la oposición. Además, se votará la modificación de la ley de Impuestos Internos, que incluye un aumento en la alícuota para los bienes suntuarios, uno de los primeros proyectos anunciados por el nuevo equipo económico que asumió la semana pasada para restringir la salida de divisas, entre varias decenas de iniciativas que ya cuentan con el acuerdo de todas las bancadas.

La atención, de todas formas, estará puesta en el tratamiento del proyecto de Responsabilidad del Estado, que es resistido por la oposición, que considera que debe debatirse ese tema dentro del marco del nuevo Código Civil y Comercial que hoy se debatirá en la Cámara alta (ver página 2) y que propone varias modificaciones al texto, que ya sufrió correcciones en su paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. De todas formas, si la Responsabilidad del Estado recibiera media sanción esta tarde, no será ley hasta marzo del año que viene, cuando la tratará el Senado.

De acuerdo con lo establecido por el dictamen que cuenta con apoyo del oficialismo, según la nueva ley “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”, sino que éste debe regirse a través del fuero contencioso-administrativo. “El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”, establece el proyecto.

Los bloques de la oposición ya anunciaron que rechazarán la propuesta. “Estamos definitivamente en contra”, adelantó el legislador del PRO Pablo Tonelli, que calificó la propuesta como “un retroceso”. Por su parte, la kirchnerista Diana Conti aseguró que este proyecto coloca a la Argentina al nivel de “los países modernos que tienen una ley de derecho público”.