La revelación fue hecha por la mañana por Alfredo De Angeli desde la ruta. Por la tarde la ratificó Néstor Roulet desde Córdoba. El primero, titular de Federación Agraria de Entre Ríos, lo hizo mientras cortaba las ramas de una plantita que tenía tomada desde el tallo, representando cómo se distribuía el resultante de la producción de soja. El segundo, vice de Confederaciones Rurales (CRA), describiendo quién se queda con qué “de los cien metros de bolsa de soja”.

“De los cien metros, el Gobierno se queda con 50 (por los impuestos); de los otros cincuenta, 10 se gastan en fletes, y 35 tenemos que pagar por los costos de siembra (semilla, fertilizantes, herbicidas, contratistas para la trilla y demás tareas); es decir que al productor solamente le quedan 5 metros.” Revelador: al exportador, justo al que le impusieron las retenciones, no le queda nada. Ni un centímetro de bolsa, en lenguaje de Roulet. Ni la punta de una ramita, en términos del rutero De Angeli.

Curioso y paradójico punto de llegada al que arriban las didácticas explicaciones de los dirigentes. Pero para nada ingenuo ni absurdo: es la lógica del planteo de los ruralistas desde que empezó el conflicto. Permanentemente han atacado la parte que queda en manos del Estado (impuesto), pero jamás aluden a la que se devora el comercializador que domina la mitad de la cadena, desde la tranquera hasta el barco. El dueño de las plantas de acopio, de los puertos privados, de los molinos y socio en la venta de fertilizantes y semillas. Tal es el caso, en toda la cadena, de Cargill y, en algunos eslabones, de Bunge, Dreyfus, Nidera y Aceitera General Deheza, grandes beneficiarios de la renta agropecuaria.

Para verlo más claramente: la retención que hace la Aduana, del 40 por ciento en el caso de la soja, no es “sobre los 100 metros de la bolsa”, sino sobre un valor inferior que, de acuerdo con el Código Aduanero, convierte el tributo en sólo 28,6 metros de esos 100. Pero como parte de la producción de granos va al mercado interno y parte se exporta con menor tasa de retención, lo que entra al fisco es mucho menos.

El acopiador-exportador se apropia de una parte de la producción igual o mayor que la que le corresponde al Estado. Encima, descontándole al productor un porcentaje por retenciones que ni siquiera ingresa al fisco. Y sin siquiera ser acusado por los dirigentes que encabezan la protesta ni ser imputado por el Gobierno. ¿Por qué será que toda la argumentación de este conflicto encubre la responsabilidad de los exportadores? ¿O éstos habrán sido expropiados por el Estado sin que nos demos cuenta y sus ingresos deben ser computados, como dice Roulet, dentro de “los 50 metros de la bolsa” que se queda el Gobierno?