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“A nadie le conviene que la Argentina caiga en default. La amenaza de graves castigos sólo sirve como elemento de disuasión para que un país no deje de pagar. Es como la amenaza de la guerra nuclear: si estalla pierden todos”, interpretó el economista Martín Hourest, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. La primera conclusión de tres economistas consultados por Página/12 es que todavía hay espacio para un acuerdo con el FMI, a pesar de que el Gobierno diga que suspenderá los pagos y que el organismo advierta sobre las consecuencias de esa decisión. Así como Hourest, Miguel Peirano, de la Unión Industrial Argentina, y Mercedes Marcó del Pont, de la consultora FIDE, sostuvieron que no debe descartarse hasta último momento que haya algún entendimiento, aunque sea mínimo, que impida la extensión de la cesación de pagos a los organismos de crédito.
El Banco Mundial y el BID son los más interesados en que la sangre no llegue al río, dado que serían ellos los que sufrirían el mayor impacto por el incumplimiento en los pagos. Ambas entidades tienen una fuerte exposición en la Argentina y, por sus estatutos, no pueden refinanciar los vencimientos. Esto los diferencia del FMI, que sí tiene la facultad de la reprogramación. Otra diferencia es que el BM y el BID se financian en los mercados de capitales y reciben la calificación de las agencias internacionales, por lo que la caída de uno de sus deudores más importantes los pondría en problemas.
Hourest señaló que el Gobierno debería aprovechar esta situación para “quebrar el frente acreedor”. El economista recordó que esos organismos se ataron al veredicto del FMI luego de la crisis de la deuda de los ‘80, cuando la comunidad financiera internacional adoptó como estrategia que el Fondo centralice las negociaciones con los países endeudados. En medio de las actuales circunstancias, la Argentina debería avanzar en contra de esa lógica y establecer canales de diálogo separados.
Otro argumento para suponer que finalmente habrá un acuerdo es que sin él, el Fondo le liberaría las manos al Gobierno para que aplique las políticas que quiera. Esto mismo es lo que sostienen varios de los directores del organismo, aunque la línea gerencial, con Horst Koehler y Anne Krueger a la cabeza, parece plantada en una posición más radical. Si esta línea terminara por imponerse, y el Gobierno cumpliera con su aviso de dejar de pagar, los castigos no serían tan tremendos en el corto plazo.
Para Miguel Peirano, seguramente habría un impacto en las expectativas de los operadores económicos y de la población en general que aumentaría la demanda de dólares. Pero Roberto Lavagna podría controlar esa situación si “ejerce una fuerte presión para la liquidación de exportaciones y evita todo mecanismo de salida de divisas, como los que utilizan las AFJP”. Es básico que el Gobierno corrija sus políticas para adaptarlas al nuevo escenario, porque de lo contrario, si sigue como hasta ahora, entonces sí la situación se le irá de las manos.
Pero los mayores problemas no se darían en el campo comercial. Hourest señaló que la estructura exportadora argentina se sostiene en grandes operadores de cereales, en compañías transnacionales y en el complejo automotor. Por tanto, el default con los organismos no produciría una situación distinta a la actual. Las empresas que exportan hoy lo seguirán haciendo aunque la cesación de pagos sea generalizada. “Muchas empresas cayeron en default antes que el Estado y no pasó nada”, agregó el economista de la CTA.
Marcó del Pont coincidió con esa visión, pero advirtió sobre las consecuencias a mediano plazo. “No creo que el incumplimiento de pagos traiga un cimbronazo fuerte en lo inmediato, pero no es un buen dato para ningún gobierno que quiera plantear una estrategia de reactivación”, afirmó. Pero antes de hablar sobre el default, tanto a la economista de FIDE como a sus colegas consultados por este diario les pareció incomprensible que el Gobierno no haga nada para apropiarse del superávit comercial y mantenga abiertos canales para la fuga de divisas. Esa deberíaser, según su opinión, la primera tarea de Lavagna, más allá de lo que se haga con los organismos de crédito. Un ejemplo compartido es que las petroleras deberían liquidar íntegramente sus exportaciones en la Argentina, en lugar de hacerlo hasta en un 70 por ciento en el exterior.
Respecto del default en sí, también estuvieron de acuerdo en que es el FMI el que está forzando al Gobierno a esa situación. “El FMI anunció que les prestaría dinero a los sectores que quisieron derrocar a Hugo Chávez sin esperar a que le presentara el más mínimo lineamiento de política económica. Le prestó a Rusia con las mafias instaladas en el poder. Y le prestó a Turquía por objetivos estratégicos militares, como ahora se demuestra. Lo mismo sería aplicable al apoyo que le dio a la Argentina cuando aplicaba políticas económicas totalmente inconsistentes. Esto demuestra que es falso que los argumentos del Fondo sean técnicos, sino que son puramente políticos”, razonó el hombre de la UIA.