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La violencia y brutalidad policial en la provincia de Buenos Aires no sólo tienen un costo social y político alarmante. También tienen un altísimo costo económico: las víctimas (o sus familiares) de los delitos cometidos por policías reclaman en este momento en los juzgados un monto global de poco más de cien millones de pesos al Estado provincial en concepto de indemnizaciones. Y todo indica que esa cifra puede crecer: en los últimos años, las demandas penales contra la policía han ido en aumento. Desde 1998 hasta ahora, las causas que involucran a miembros de la Bonaerense por abusos o gatillo fácil llegan a casi 4 mil. Todas las cifras corresponden a relevamientos y estadísticas oficiales.
“No es nuestro criterio medir los casos de abusos policiales en términos económicos –advierte María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)–, pero incluso para quien se maneje con esos parámetros, estos datos hasta pueden ser un incentivo para que la policía deje de delinquir.”
La cifra de las demandas contra el Estado bonaerense corresponde a un relevamiento de la Fiscalía de Estado, el organismo que representa los intereses de la provincia en la Justicia. “Los 103 millones de pesos son la cifra total de lo que en este momento se reclama al Estado en causas que están en trámite, en causas por actuación dolosa de miembros de la policía”, explicó a este diario el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski. “De todos modos –acotó–, las cifras que se terminan acordando en las sentencias son siempre menores a las que piden los damnificados.”
–¿Cuál es la política del Estado provincial en torno de esos casos?
–Nos manejamos caso por caso. Como norma, siempre apelamos el fallo de primera instancia. Pero cuando la responsabilidad policial es irrebatible en un hecho y la cámara lo confirma, no seguimos apelando.
Solamente en el Departamento Judicial de La Plata, la provincia fue demandada en 66 millones y medio de pesos. El concejal socialista Edgardo González esgrimió el informe de la Fiscalía en el acto de repudio del Concejo Deliberante platense al atentado contra Estela Carlotto. “La cifra de lo que se le reclama al Estado por hechos dolosos de la policía es el 10,5 por ciento del presupuesto en materia de seguridad de este año y el 1,1 por ciento del presupuesto total”, indicó a este diario.
La Procuración General ante la Corte provincial elaboró por su parte un informe sobre el aumento de las denuncias contra la policía. Del año 2000 a 2001, el crecimiento fue de 40 por ciento. En los últimos tres años hubo 3905 causas iniciadas. La cifra de policías involucrados no es fácil de determinar. Según González, hay un promedio de dos efectivos involucrados por causa, con lo que hay “por lo menos 7810 miembros de la fuerza de seguridad bonaerense que estuvieron o están involucrados en hechos delictivos durante los últimos tres años”. La Policía Bonaerense está conformada por 45.000 efectivos.
De acuerdo con el informe de la Procuración, la mayor parte de las denuncias (cerca del 90 por ciento) corresponde al delito de apremios ilegales. El porcentaje restante es por privaciones ilegales de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
El estudio también reveló que la policía de San Isidro es la que tiene la mayor cantidad de efectivos investigados por diversos delitos. El segundo lugar en el temible cuadro de honor lo ostenta la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora, siempre según la estadística de la Procuración provincial. Una curiosidad (o no): la comisaría 1ª de Avellaneda –escrachada ayer por las muertes de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ver página 8)– es la dependencia policial con más denuncias en su contra por casos de torturas.
El abultado reclamo civil en indemnizaciones por el inmenso cúmulo de delitos cometidos por la Bonaerense no siempre se termina traduciendo enun resarcimiento justo para las víctimas o sus familiares. “El valor de una vida en términos económicos es una lotería que depende del juez que tramite la causa”, comentó un abogado que sabe mucho de violencia policial. Una de las mayores sumas por ese concepto pagada por la provincia fue por la muerte de Sergio Durán, el adolescente torturado y asesinado en la comisaría 1ª de Morón. La indemnización fue de 100.00 pesos.
Pero existe un caso paradójico que muestra la discrecionalidad judicial a la hora de fijar indemnizaciones. Es el de un joven muerto por gatillo fácil y cuya familia cobró 40 mil pesos como resarcimiento. Un hermano de aquella víctima sufrió luego un accidente de tránsito que le provocó una incapacidad severa en un hombro. En ese caso, otro juez dispuso que le correspondía una indemnización de 200 mil pesos.