El Gobierno ordenó a la Procuración del Tesoro que comience los juicios civiles contra los sospechosos de desviar la investigación de la AMIA, para recuperar el dinero del Estado que se perdió en esa maniobra, incluidos los 400 mil dólares que pagó la SIDE al ex detenido Carlos Telleldín para que emitiera una declaración donde acusó falsamente a policías bonaerenses.

Así se desprende de un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ordena instruir al procurador Osvaldo Guglielmino para que “ejerza las acciones civiles tendientes a obtener la restitución de los bienes y la reparación e indemnización de daños y perjuicios ocasionados al patrimonio del Estado nacional, con motivo de los ilícitos cometidos durante la investigación del atentado contra la AMIA”. Se trata precisamente de la causa en la que terminaron procesados y están cerca de ir a juicio oral el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen, el ex detenido Carlos Telleldín, su abogado Víctor Stinfale y su esposa Ana Boragni. El decreto menciona los embargos por más de cinco millones de pesos que se trabó sobre los bienes de cada uno de ellos.

Durante un acto en el Salón Blanco, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que era una fecha “triste para los argentinos”, debido al ataque a la AMIA y llamó a “combatir la intolerancia y el terrorismo”.