Una organización profesional cuestionó con dureza la forma en que la Agencia Gubernamental de Control porteña –a cargo del ex juez Federico Young– realiza las inspecciones en el área de control de los alimentos en la ciudad de Buenos Aires. Para el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, el desdoblamiento del área de Bromatología, ordenado por Young, puede conducir al “vaciamiento de esa área estratégica”. Es que el titular de la AGC acaba de crear un área de bromatología dentro de la Dirección de Fiscalización y Control, con lo cual le resta atribuciones a otra dirección del área, la de Seguridad e Higiene Alimentaria. Los veterinarios también cuestionan la derogación de una estricta normativa para la incorporación de inspectores, que incluía un curso de tres meses y que fue reemplazado por una capacitación de una semana. Desde la AGP defienden el desdoblamiento del área de Bromatología y aseguran que como organismo nuevo y autárquico, la agencia tiene el derecho de crear un nuevo sistema para la selección de personal.

Young se hizo conocido antes de asumir en la AGP por participar en una conferencia con Cecilia Pando, defensora confesa de genocidas. Por su iniciativa, el jefe de Gobierno Mauricio Macri y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, firmaron el decreto 165/08, que exceptúa a los nuevos agentes de cumplir con el estricto régimen de selección que disponía otro decreto, el 444/06. La convocatoria fue para incorporar unos 200 inspectores, de los cuales 40 serían destinados al área de Higiene y Seguridad Alimentaria.

Según el Consejo Profesional de Veterinarios, la mesa examinadora estuvo integrada por dos abogados y un economista, sin participación de profesionales vinculados con las ciencias biológicas. También cuestionan que al frente de Higiene y Seguridad Alimentaria no se haya designado a un profesional de esa área de las ciencias sino a un doctor en Ciencias Económicas: Julio Goldestein.

En diálogo con PáginaI12, Goldestein desestimó ese cuestionamiento: “Yo presenté un proyecto sobre cómo administrar el poder de policía en alimentos y fue aceptado. Mi trabajo es de gerenciamiento y para esa tarea no es imprescindible ser veterinario”, replicó. Sobre los otros cuestionamientos, se excusó de opinar.

La Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria está integrada por unos 80 inspectores. “La mitad son de planta permanente y entre ellos hay sólo 2 o 3 profesionales. Los otros 40 son todos profesionales veterinarios, designados durante la gestión de Jorge Telerman, y son contratados de planta transitoria”, describió Goldestein. A ese plantel se agregarán otros 40 inspectores seleccionados por la AGP mediante la metodología cuestionada por los veterinarios.

El Consejo Profesional pidió, mediante una nota al jefe de Gobierno, que la designación de los futuros inspectores recaiga en “médicos, veterinarios o bioquímicos”. La convocatoria realizada por la AGC incluyó además, desde técnicos en alimentos a abogados.

Los profesionales cuestionan también el decreto por el cual se exceptúa a los futuros inspectores del “Régimen de ingreso” que se aplicaba desde 2006. De acuerdo con esa norma –decreto 444/06– los postulantes debían tener “título universitario con incumbencia afín”, “experiencia mínima de tres años en la profesión”, certificado de reincidencia y de deudores alimentarios.

En cuanto a la creación del área de Bromatología dentro de la Dirección de Fiscalización y Control, el Consejo Profesional cuestionó que ese organismo esté en manos de una arquitecta. En la Agencia Gubernamental de Control explicaron a este diario que la creación de una nueva área responde a la necesidad de que un especialista en alimentos acompañe a los inspectores que controlan los locales nocturnos y los restaurantes. Esa tarea, sin embargo, la venían cumpliendo hasta ahora los inspectores de Higiene y Seguridad Alimentaria que, entre otros, controlan los puestos callejeros de panchos y choripanes entre otros alimentos. “Ese desdoblamiento no aparece como necesario”, dicen en el Consejo, con lo cual alimentan la sospecha de que “hay una política de vaciamiento de áreas estratégicas, que se han transformado en espacio de compensación política”.