Su posición había quedado debilitada desde que su mentor, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, se fue del Gobierno. Además cargaba con una causa judicial por presuntas irregularidades en la secretaría, estaba cuestionada por incumplir el plan de saneamiento del Riachuelo y había perdido, desde mucho antes que el apoyo político, el respaldo social, tras la falta de respuesta frente a los reclamos contra la contaminación de las mineras a cielo abierto. Los dos años y seis meses que Romina Picolotti estuvo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente dejaron a la vista muy pocos de los objetivos planteados cuando esta abogada proveniente de una ONG cordobesa –promocionada como una figura de la sociedad civil que se sumaba a la gestión– desembarcó en la función pública con el encargo de jerarquizar el área de Medio Ambiente.

Picolotti asumió en la secretaría en junio de 2006, tras un ascenso ultrarrápido vinculado con el conflicto por las papeleras, por esos días una olla a presión. Fue presentada en sociedad como “la abogada de la asamblea de Gualeguaychú”, aunque no era para tanto: Picolotti en realidad residía en Córdoba, donde tenía junto a su marido, Daniel Taillant, una ONG especializada en justicia y ambiente, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). Llegó a Gualeguaychú por el entonces gobernador entrerriano Jorge Busti, que la contrató para ocuparse de la estrategia legal contra Botnia y Ence. Picolotti y su marido, quien había trabajado para el Banco Mundial, diseñaron una demanda para cortarles los créditos a las pasteras cuyo planteo deslumbró al gobernador: “Era inédita”, definió el propio Busti.

Picolotti presentó una demanda ante el Banco Mundial para impedir que financiara la construcción de las pasteras, en cumplimiento de las normas de responsabilidad social. La abogada también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió para esto a la gente de Gualeguaychú que respaldara la demanda con sus firmas. Así, representó así a 39.633 vecinos que rubricaron el escrito.

Seis meses más tarde, la estrategia destinada a cortar los créditos a las papeleras había fracasado estrepitosamente. Aunque la planta de Ence había sido relocalizada –en una negociación que comandó su jefe político, Alberto Fernández– la abogada, convertida en secretaria de Medio Ambiente, sufría ya sus primeros desgastes. Y en nueve meses estaría fuera de las negociaciones sobre Botnia, desplazada por desinteligencias con la Cancillería.

En julio del año pasado fue denunciada a través de artículos periodísticos por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la secretaría. La acusación de haber otorgado un jugoso contrato de trabajo a su hermano Juan y a parientes políticos y haber utilizado jets privados fue recogida por la Justicia, que abrió una investigación. El fiscal Guillermo Marijuán, que tuvo a su cargo también la causa por la que renunció la ex ministra de Economía Felisa Miceli, estudiaba ahora pedir su citación indagatoria.

Picolotti había sido cuestionada recientemente por el incumplimiento del Plan de Saneamiento de la Cuenca del Matanza-Riachuelo, una tarea que el Estado fue intimado a cumplir por orden de la Corte Suprema. Conocido como un fallo histórico, el proceso iniciado por este mandato de la Corte se venía convirtiendo en otro motivo de urticaria para el Gobierno, desde que el cuerpo colegiado encargado de controlar su seguimiento pidió que se multara a la secretaría de Picolotti por incumplir los plazos establecidos.

Los allegados a la funcionaria ponían ayer por su parte otros datos en la historia de esta gestión llena de traspiés, como la molestia de Picolotti por el reciente el veto de la Presidenta a la ley de protección de glaciares, y las diferencias con el secretario de Planificación, Julio De Vido, por el aval a la minería a cielo abierto.