El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que reúne a quince mil familias de siete provincias, tomó con una mezcla de sorpresa y descreimiento los dichos del Ejecutivo sobre el glifosato. “Los agronegocios fueron política de Estado en los últimos quince años. Todos los gobiernos apoyaron el monocultivo de soja y sus consecuencias: desalojos, desmontes, judicialización de familias rurales, contaminación y el desastre sanitario que provocan los agrotóxicos”, denunció el MNCI, víctima de la cara menos publicitada del modelo de agronegocios. Diego Montón, del Movimiento Campesino Indígena, afirmó: “Los organismos del Estado, como la Secretaría de Agricultura y el INTA, fomentan el uso de estos agrotóxicos, destinan partidas presupuestarias enormes para que los campos estén inundados de glifosato”. El canadiense Grupo ETC (referente mundial en la problemática) explicó la mirada internacional: “El campo, a nivel mundial, atraviesa una etapa marcada por un impacto social y ambiental silenciado. El modelo rural es manejado por las transnacionales agroquímicas y cuenta con luz verde de los gobiernos de cada país”.