“La política de salud sexual y reproductiva se ha debilitado con este Gobierno”, evaluó en una entrevista con Página/12 Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes) y vicepresidenta del Comité Coordinador del Programa de Reproducción Humana de la OMS. Ramos fue consultada sobre las muertes por complicaciones de abortos inseguros que se repiten en el país. Las últimas cifras oficiales –reveladas esta semana por este diario– indican que fueron 74 en el año 2007. El 28 por ciento de las muertes maternas registradas entre niñas y adolescentes (10 a 19 años) se produjo como resultado de un aborto inseguro. Para Ramos, los fallecimientos por esa causa disminuirían si el Estado garantizara la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley. “La gran asignatura pendiente es la puesta en vigencia de una política pública que normatice y regule el acceso a los abortos no punibles, que son legales desde 1921, cuando se redactó el Código Penal”, señaló. Y advirtió que esa política debe ir acompañada “por un programa proactivo de salud sexual y reproductiva” y “buena educación sexual”. “Con esos tres pilares –apuntó–, se bajarían las muertes, que son la punta del iceberg: por cada mujer muerta hay unas 15, se estima, que quedan con lesiones graves o infertilidad futura.”

Ramos es experta en la problemática de la mortalidad materna, un tema que estudia hace más de veinte años. Acaba de ser designada integrante del board que asesora en investigación a la directora de la OMS. A su entender, la situación actual es “muy preocupante” y actualmente hay en los estamentos oficiales “un muy poco saludable silenciamiento” en torno del problema del aborto.

–Esta semana se conocieron tres muertes por complicaciones de abortos inseguros (dos en Santiago del Estero y una en Catamarca) y hace una semana agonizaba una nena de 12 años por la misma causa en Mendoza. ¿Cómo debe interpretarse esta sucesión de casos?

–La sucesión de casos no hace más que mostrar lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en el país. Ahora se ve más claramente gracias a la visibilización de la problemática del aborto y al compromiso de algunos medios de comunicación con este tema. No es que ocurren más muertes por complicaciones de abortos inseguros; ahora se ven más. La práctica del aborto frente a un embarazo no planificado es un mecanismo que en el país lleva décadas. No es ninguna novedad en la sociedad argentina. Desde fines del siglo XIX y principios del XX fue uno de los métodos a los que recurrieron las mujeres para tener menor número de hijos por familia. Estudios recientes muestran que la magnitud del aborto en el país es tal que se practican poco más de un aborto cada dos nacimientos. Argentina es el único país de América, junto con Trinidad y Tobago y Jamaica que tiene a las complicaciones por abortos inseguros como la primera causa de mortalidad materna.

–¿Podrían vincularse estos casos con la falta de anticonceptivos que afectó a la mayoría de las provincias en 2008 a raíz del corte en la entrega desde el Ministerio de Salud de la Nación?

–Es una realidad que una mujer recurre al aborto cuando no pudo prevenir un embarazo que no quería. En ese punto, los anticonceptivos juegan un papel muy importante porque son la única forma que, se sabe, sirve para prevenir una gestación no deseada. Pero también abortan mujeres que usando anticonceptivos son víctimas de una violación. Sabemos que la violencia está presente en muchos de esos casos. Y también deciden interrumpir un embarazo mujeres que a pesar de haber tenido un embarazo deseado de pronto se enfrentan a circunstancias de la vida que transforman esa situación. Es cierto que la política general de salud sexual y reproductiva del país se ha debilitado durante este Gobierno. Lo evidencian los problemas en el acceso a los insumos y el hecho de que no sea un tema prioritario en el discurso como lo fue durante la gestión de gobierno anterior que encabezó el ex presidente Néstor Kirchner. Quienes trabajamos en este tema sabemos que un programa nacional de salud sexual y reproductiva no se puede llevar adelante con un perfil bajo: necesita un liderazgo y una actitud proactiva de las autoridades sanitarias. Lo muestran las experiencias latinoamericanas, que han contribuido a reducir la mortalidad materna y los abortos inseguros a partir de programas que figuraban en las políticas públicas sanitarias explícitas como ha ocurrido en Brasil, México y Chile. Llama la atención un cambio tan abrupto en la prioridad que se le da a este programa en esta gestión, tratándose del mismo partido del gobierno anterior. La nueva coordinadora del programa (Ana Ferrarotti), que me consta que tiene un compromiso personal, tiene en sus manos un enorme desafío, que es recuperar el tiempo perdido y en el corto plazo mostrar una política proactiva.

–¿Cómo podrían evitarse las muertes por complicaciones de abortos inseguros?

–De muchas maneras, dos claramente estructurales. En primer lugar, mejorando el acceso a los anticonceptivos, a partir del fortalecimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la difusión de sus acciones, para que la información llegue hasta el último rincón del territorio argentino y todas las mujeres se enteren de que tiene derecho por ley nacional y por la Constitución al acceso a los anticonceptivos. La provisión de métodos debe ser continua, se debe capacitar a los servicios de salud para que ofrezcan servicios amigables a las mujeres y se deben controlar los obstáculos de carácter político a nivel de las autoridades sanitarias como de los proveedores de los servicios. Hay funcionarios que se niegan a proveer anticoncepción hormonal de emergencia en sus jurisdicciones y médicos que se niegan a colocar dispositivos intrauterinos (DIU) u obstruyen su colocación pidiendo una batería innecesaria de estudios y análisis o la autorización del cónyuge. Pero fundamentalmente el Ministerio de Salud tiene que ejercer su rol de rectoría en materia sanitaria en el país. Las muertes por aborto disminuirían si se garantizara el acceso a la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley. La gran asignatura pendiente es la puesta en vigencia de una política pública que normatice y regule el acceso a los abortos no punibles, que son legales desde 1921 cuando se redactó el Código Penal. Lamentablemente durante esta gestión se produjo una inexplicable impasse en esa política, siendo que un protocolo de atención integral para esos casos había sido redactado al finalizar la gestión de Néstor Kirchner. La ministra de Salud (Graciela Ocaña) dijo públicamente que lo iba a evaluar, pero a un año de haber asumido no tenemos ninguna novedad al respecto. Para regular el acceso al aborto no punible no hace falta una ley de la Nación y así lo entendieron cuatro jurisdicciones de nuestro país, cuando en 2007 dictaron protocolos a partir de resoluciones ministeriales la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Rosario. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria normatizar esa como otras prácticas médicas. Muchos de estos casos, como el de la niñita de 12 años de Mendoza a la que le extrajeron el útero y un ovario la semana pasada encuadrarían claramente en las causales de no punibilidad.

–¿Para qué sirve ese tipo de protocolo?

–Para garantizar el acceso al aborto y a la vez dar certezas a los equipos de salud que se ven sometidos a situaciones de incertidumbre e inseguridad. Claramente ese tipo de guías de atención sirven para resguardar el trabajo de los profesionales de la salud. La situación es muy preocupante: esta gestión lleva un año y todavía no hay claros indicios de la decisión del Ministerio de Salud en cuanto a los abortos no punibles.

–A fin de año sorpresivamente se frenó en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto elaborado por tres diputados oficialistas que apuntaba a clarificar los alcances del Código Penal en este tema, con una mirada no restrictiva y que tenía amplio apoyo en la oposición.

–No sé quién ni cuáles fueron los motivos para frenar el tratamiento de esa iniciativa que buscaba poner luz. Pero se paralizaron seis meses de trabajo con especialistas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Me cuesta creer que en un año electoral alguien lo vaya a reflotar. Es curioso que cuando buena parte de la dirigencia política está acostumbrada a seguir los resultados de las encuestas de opinión, no mira los resultados de las que se vienen haciendo desde mediados de los ’90 en torno de los derechos sexuales y reproductivos. Verían que la opinión mayoritaria de la ciudadanía está a favor en la Argentina de políticas públicas muy proactivas en esa materia, de la entrega de anticoncepción hormonal de emergencia, de garantizar el acceso a los abortos no punibles.

–¿Volvió a ser un tema tabú el aborto en esta gestión?

–Lo diría así: hay un muy poco saludable silenciamiento de este tema, que no hay que perder de vista que es un problema de salud pública sin ninguna duda. El que no acepta que el aborto es un problema de salud pública es un necio. Pero también es un problema de la agenda democrática porque se pone en juego la capacidad de legislar de una manera laica frente a distintos puntos de vista. Pensemos en Italia, con una población como la argentina cercana al catolicismo, tiene el aborto despenalizado.

–¿La ampliación de las causales de despenalización del aborto contribuiría a bajar la mortalidad materna?

–Absolutamente. Hay un ejemplo internacional muy claro y es la experiencia de Rumania: cuando se volvió a penalizar el aborto, la mortalidad materna como consecuencia de las muertes por complicaciones de abortos inseguros creció sideralmente. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe ir acompañado por un programa proactivo de salud sexual y reproductiva y con buena educación sexual. Con esos tres pilares se bajarían las muertes, que son la punta del iceberg. Por cada mujer muerta hay unas 15, se estima, que quedan con lesiones graves o infertilidad futura.