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La fuga de capitales ha sido una práctica recurrente en la historia reciente del país, particularmente durante el período que comienza con las reformas económicas de la dictadura militar y culmina con la caída del régimen de Convertibilidad, a fines de 2001.

El método que utiliza el Ministerio de Economía para medir la fuga es la estimación directa de stocks. Para ello recurre a información suministrada por fuentes locales y extranjeras acerca de inversiones de residentes en el exterior, incluyendo depósitos bancarios, dinero en efectivo, bonos, títulos públicos y privados, inmuebles, inversiones directas y otros activos. El problema es que esta serie está disponible sólo a partir de 1991. Por lo tanto, algunos investigadores recurren a un cálculo residual del balance de pagos para medir la fuga, consistente en sumar los ingresos netos de capitales (bajo la forma de inversión extranjera directa y de endeudamiento), así como el saldo neto de la cuenta corriente (originados tanto en la balanza comercial como en los servicios) y la variación de las reservas internacionales.

En un documento reciente del Cefid-AR los investigadores Jorge Gaggero, Claudio Casparrino y Emiliano Libman estimaron la fuga desde comienzos de los ’70 hasta 2001 con el cálculo residual del balance de pagos y la compararon con la deuda: en 1974 la deuda externa era de 7600 millones de dólares y el stock fugado ascendía a 3800 millones de dólares. En 1982, las cifras ya eran de 44.000 y 34.000 millones, respectivamente. Al finalizar el gobierno de Raúl Alfonsín, la deuda había trepado hasta los 65.000 millones y los capitales fugados sumaban alrededor de 53.000 millones de dólares, cerca del 90 por ciento del total de la deuda. Hacia fines de 2001, los montos eran de 140.000 y 138.000 millones de dólares, siendo el stock fugado 2,6 veces superior al de 1989.

Ahora bien, para el cálculo más reciente utilizaron la metodología que estima stocks, con datos del Ministerio de Economía, y la cifra arrojó que entre 2001 y 2006 la fuga se incrementó de 101.500 millones a 131.000 millones, un 29 por ciento. Desde entonces, y pese a las crecientes restricciones que puso el Gobierno, la salida de capitales fue aumentando. El año pasado, sin ir más lejos, la estimación indica que se fugaron 23.000 millones de dólares y en los últimos meses la sangría continuaba, aunque a menor ritmo. Por eso, el Gobierno se apresta a incrementar aún más los controles.