El comité científico que asesora al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en políticas sobre drogas aguarda el fallo de la Corte Suprema para empezar a elevar sus propuestas de reformas legislativas al Gobierno. Es probable que, en primera instancia, presenten un proyecto para la implementación de un plan integral de asistencia, prevención e inclusión en materia de adicciones que genere una respuesta desde los sistemas de salud y educación. También tienen casi terminado un proyecto de reforma profunda de la ley de estupefacientes y otro sobre lavado de activos vinculados con el narcotráfico. Para garantizar que un cambio de política sea llevado a la práctica están armando un plan global con un cronograma de cinco años, de manera que supere un período de gobierno.

El comité de notables hará su propuesta al Gobierno, que podrá tomarla o dejarla. El viernes, los expertos, coordinados por la fiscal Mónica Cuñarro, deliberaron hasta última hora para definir si elevan primero su propuesta de reforma penal o el proyecto de salud. Esta segunda opción llevaba la delantera ya que, para todo lo demás, quieren ajustar la letra fina a lo que diga el fallo de la Corte, que deberán estudiar después que salga, seguramente el martes.

La necesidad de promover un proyecto de salud, explican en el comité, parte de la ausencia de políticas en ese sentido, en un contexto que trata al usuario adicto a las drogas como un delincuente y no como en enfermo. Hasta ahora, el reinado de esa concepción ha llevado incluso a que las personas con necesidad de atención por su adicción a las drogas u otras sustancias sean estigmatizadas y por ende discriminadas por el sistema médico. El proyecto apunta a generar prevención e informar a los grupos vulnerables y a los usuarios sobre los caminos para evitar las consecuencias sobre la salud derivada del uso indiscriminado de drogas y brindar tratamientos a quien lo requiera. La internación sería una medida de último recurso. La norma proyectada establecería mecanismos para que el tratamiento de adicciones sea una obligación para las obras sociales y las prepagas.

En un documento elaborado este año los especialistas advertían que hasta ahora sólo se buscan respuestas penales a algo que requiere un abordaje sanitario. “En el caso de la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades para el consumo personal –señalaban–, debe tenerse en cuenta la grosera desproporción que implica acudir al derecho penal cuando el conflicto puede resolverse con medidas de política social, que permiten proteger, incluso con mayor eficacia, un determinado bien jurídico” (en alusión a la salud pública).

“Despenalizar la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para el consumo personal –aclaraba el informe– no supone ningún reconocimiento de la legitimidad de su uso, sino por el contrario, parificarla con el consumo de otras sustancias no incriminadas penalmente para posibilitar abordajes preventivos y asistenciales, no interferidos por el sistema penal.” El documento concluía que “el consumo de estupefacientes se trata de una problemática de naturaleza socio-sanitaria que exige políticas públicas enmarcadas en este contexto, que incluyan según los casos estrategias de reducción de riesgos y daños (...) resulta imprescindible centrar las políticas públicas en las personas y sus necesidades y dejar de lado toda utopía de solucionar el problema sacando a las drogas de circulación”.

El plan de cinco años que el comité tiene en mente, según pudo saber Página/12, abarcaría todos los aspectos de la problemática, no sólo el sanitario sino también el penal y los mecanismos para combatir el narcotráfico. Comprometería en distintas acciones a todos los ministerios y debería ser aplicado por un futuro gobierno, monitoreado por una comisión bicameral.

En el comité participan, además de Cuñarro, los jueces Horacio Cattani, Patricia Llerena, Roberto Falcone y Martín Vázquez Acuña, los médicos Carlos Damín y Alicia Gillone, la psicoanalista Eva Giberti y el sociólogo Alberto Calabrese. A través de diferentes propuestas han ido involucrando a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Justicia, Interior, Economía.