Hace dos años el Ministerio de Defensa junto con Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos realizó un minucioso trabajo para que el arzobispado castrense retirara a los curas que habían actuado durante la última dictadura. El presbítero Alberto Angel Zanchetta siguió en actividad hasta hace diez días, cobrando sus cinco mil pesos mensuales y en disponibilidad, o sea sin un destino y tareas fijas. Una razón para esta protección puede ser evitar que se sienta “abandonado”; otra es simplemente mantenerle el estado militar hasta que llegue a la edad de jubilarse con todos sus haberes. Es un tema que le interesa a Zanchetta, que en 2001 le inició juicio al Estado por sus suplementos salariales no remunerativos ni bonificables en su haber como oficial militar.

Zanchetta era capitán de fragata –máximo grado al que puede acceder como cura– con destino en la Dirección General de Personal Naval pero sin una tarea asignada. Hay apenas otros cuatro sacerdotes que todavía tienen grados militares: los capitanes de fragata Eduardo Máximo Fischer y Alberto Carlos Pita y los capitanes de navío Ricardo Jorge Rotela y Gastón Luis Martini. Esta escasez se debe a que, luego del caso Baseotto, Defensa dejó de integrar al escalafón militar a los capellanes, que ahora reportan a sus diócesis y pueden ser entonces trasladados a parroquias civiles.