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El núcleo duro opositor en el Congreso –UCR, PJ disidente, CC, PRO y GEN– trabajaba anoche contrarreloj en la redacción de un proyecto de ley para impugnar el decreto presidencial que reglamentó y puso en marcha la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Grupo A hizo propio el recurso judicial del Grupo Clarín contra la “cláusula de desinversión” que establece el artículo 161 de la ley y considera que la misma está suspendida hasta que la Corte Suprema no se expida sobre el tema. Con ese argumento cargará contra su implementación, aunque el plazo de un año para que los grandes medios se adecuen a la nueva norma no comenzará a regir hasta que lo determine la autoridad de aplicación y esa medida, además, no se tomará mientras el máximo tribunal no se pronuncie sobre el tema.

“La ley no se puede empezar a aplicar de ninguna manera porque técnicamente está suspendida y hasta que los planteos no se resuelvan en todas las instancias no entrará en vigor”, afirmó el diputado radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra, uno de los encargados de elaborar el texto de la impugnación que promueve la oposición en el Parlamento. Una tarea en la que hasta avanzada la noche de ayer también colaboraban, entre otros, la cívica Patricia Bullrich, la líder del GEN Margarita Stolbizer y la también radical Silvana Giúdici.

El escrito sobre el que trabajan los diputados opositores se basa en la presentación judicial realizada por el Grupo Clarín contra la “cláusula de desinversión”, que obliga a las compañías monopólicas a desprenderse en el término de un año de las empresas que superen el número de licencias otorgadas por la ley, así como aquéllas también restringidas por la normativa. Un tema que aún está bajo análisis del máximo tribunal.

Para el jefe del bloque macrista de diputados, Federico Pinedo, “si hay resoluciones que suspenden la aplicación, que (la ley) esté reglamentada o no es irrelevante”. Desestimando así su reglamentación y puesta en marcha. En tanto, Giúdici, que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, afirmó que “el Gobierno persiste en prácticas autoritarias e inconstitucionales al reglamentar una ley que continúa suspendida”.

“No están terminados los procesos judiciales”, argumentó la peronista disidente Zulema Daher y recordó que tanto el recurso extraordinario que ella presentó ante la Cámara Federal cuestionando el artículo 161 de la ley como el que también realizó por los mismos motivos la provincia de San Luis, “aún están en instancias para ser elevados a la Corte Suprema de Justicia”. Una instancia a la que llegaron a través de un recurso extraordinario tanto la diputada salteña como el gobierno puntano, después de que la Cámara rechazara sus respectivas presentaciones.

Pero no toda la oposición se encolumnó tras la decisión del Grupo A. El jefe del bloque SI e integrante del interbloque de Proyecto Sur, Eduardo Macaluse, mostró una postura distinta: “El fallo de la Corte es clarísimo respecto de que la ley está en vigencia, aun cuando no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre su constitucionalidad”. Para Macaluse, el fallo indica que “la ley no puede suspenderse en su totalidad, como hicieron algunos jueces de primera instancia. Es indudable que la ley está en vigencia”, aunque admitió que “hay dudas sobre el plazo de desinversión, porque la Corte no se pronunció sobre este punto”.