Luis Miret no es el único miembro de la Cámara Federal de Mendoza investigado por el Consejo de Magistratura. Otilio Roque Romano, también imputado por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura, adujo que el Consejo no puede revisar su actuación porque era fiscal y logró frenar la investigación gracias a una acción de amparo que le ofrendó como juez ad hoc el abogado Carlos Parellada, y que ya apeló el Consejo. A Julio Demetrio Petra, el tercer camarista en la mira, la Comisión de Disciplina y Acusación decidió ayer citarlo en el marco del artículo 20 del reglamento del organismo, que prevé una especie de declaración indagatoria para magistrados. Se le imputa falta de imparcialidad por no haberse inhibido luego de criticar a los organismos de derechos humanos de Mendoza y ensayar una defensa de su propia labor durante una conferencia de prensa.

Miret y Bento están imputados en la causa que instruye el juez federal Walter Bento por no haber promovido la investigación de desapariciones forzadas y torturas durante la dictadura. A Romano, el hombre fuerte del Poder Judicial de Cuyo, se lo acusa del encubrimiento de 55 secuestros y 38 casos de torturas. No bien comenzó su indagatoria, Romano presentó un certificado médico alegando problemas de hipertensión y pidió suspender la declaración por sesenta días. A pedido de los consejeros será revisado por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. Miret prefirió defenderse hablando: comenzó a declarar el viernes 27 y se prevé que su indagatoria durará varios días más.