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Para el vocero de la Asociación Bancaria, la ley para evitar salideras, aprobada ayer, “no toca la cuestión de fondo: el hecho de que la gente saque a la calle tanto dinero en efectivo de los bancos”, lo cual se vincularía “con el funcionamiento en negro de casi la mitad de la economía”; además, “la ley no contempla jerarquizar y capacitar a los agentes de seguridad privada, que muchas veces son usados como ordenanzas”. Según el dirigente, “los banqueros vienen incumpliendo medidas de seguridad dispuestas hace ya tres años”.

Eduardo Berrozpe, secretario nacional de prensa de la Asociación Bancaria, sostuvo que “las salideras se vinculan, ante todo, con el hecho de que la gente debe retirar y transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. Esto obedece, por una parte, a los costos del sistema financiero, especialmente la persistencia del impuesto al cheque, pero también con una cuestión de fondo: el hecho de que el 45 por ciento del mercado funcione en negro; todo el mundo sabe que, en la adquisición de inmuebles o automotores de segunda mano, es habitual que una parte de la operación se haga en negro”.

Para el dirigente bancario, “un aspecto de este funcionamiento es la voracidad empresaria, que quiere eludir el pago de impuestos. Cuando se escuchan noticias de empresarios que fueron asaltados tras retirar tantos miles de dólares en efectivo, muy probablemente los iban a utilizar para una operación en negro. No es, por supuesto, el caso de Carolina Píparo, que iba a comprar una vivienda familiar”.

“Otro aspecto sobre el que esta ley no legisla –señaló Berrozpe– es la necesaria capacitación y adecuada remuneración del personal de seguridad de los bancos: por más pantallas que se pongan en las cajas, el ‘marcador’ va a encontrar la forma de actuar, mientras el personal de seguridad no esté formado y motivado para identificarlo. La seguridad no debería estar tercerizada y este personal no debería cumplir funciones de ordenanza, como muchas veces sucede.” Según deploró el dirigente, “la Asociación Bancaria no fue consultada para la elaboración de esta ley”.

Además, “la autoridad de aplicación de una ley de este orden no debería ser el Banco Central, sino, como es obvio, el ministerio encargado de la seguridad pública, y de hecho debería funcionar un organismo especializado. Esta ley mantiene el criterio, que data de la dictadura de Juan Carlos Onganía, de dejar la aplicación a cargo del Banco Central, en atención a presiones de los banqueros”, agregó el secretario de prensa de la Bancaria.