El proyecto de la educación de jóvenes en cuarteles logró su media sanción en el Senado con un resultado ajustado, en el que los votos a favor los pusieron el radicalismo y el peronismo disidente y el rechazo estuvo dominado por la bancada oficialista. El texto propone que los jóvenes “en situación de riesgo” tengan una oportunidad de concluir sus estudios nada menos que en cuarteles militares, salteando las instituciones educativas públicas existentes. El Ejército, que según los senadores votantes debería ser el espacio de recepción y contención de esos jóvenes, rechazó –como ya informó este diario– el convite de transformarse en un bachillerato incorporado para pobres, sosteniendo que no forma parte de sus funciones ni sus integrantes están preparados para dedicarse a este tipo de actividad docente. Como un indicio del grado educativo del proyecto, baste recordar que fue tratado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico y no fue enviado a la Comisión de Educación. La votación, para más datos, fue tratada dentro de un paquete de leyes de seguridad.

La iniciativa corrió por cuenta de los radicales mendocinos Ernesto Sanz y Laura Montero, el sa(a)dismo puntano y el oficialista José Pampuro, aunque este último finalmente no se presentó a la votación, en línea con la decisión del FpV de rechazar el proyecto. El Servicio Cívico fue votado por 33 senadores (UCR y PJ disidente) y rechazado por 31 (el oficialismo y sus principales aliados, entre ellos los senadores fueguinos que responden a la gobernadora Fabiana Ríos). Hubo dos abstenciones (Norma Morandini y Eugenia Estenssoro) y seis ausencias, entre las que figuran las de Pampuro y Roxana Latorre (que estuvo de viaje con la Presidenta) y la del socialista Rubén Giustiniani, quien sí se presentó luego a votar la ley de salideras.

El Servicio Cívico Voluntario prevé un programa de capacitación en oficios para jóvenes de entre 14 y 24 años, que se encuentren en situación de riesgo, y a cambio recibirán una beca equivalente a tres asignaciones universales y podrán finalizar sus estudios formales primarios y secundarios.

La idea tiene su antecedente en una experiencia llevada a cabo por Julio Cobos en Mendoza, que fue de mal en peor: el número de asistentes voluntarios se redujo en un par de años en un 40 por ciento.

El proyecto votado ayer es el resultado de un dictamen por mayoría alcanzado la semana pasada y que unificaba los proyectos de los radicales mendocinos Sanz y Montero, del puntano Rodríguez Saa y del oficialista Pampuro. El dictamen por mayoría fue votado el 21 en un plenario de las comisiones antes mencionadas, impulsado por la presidenta de Justicia y Asuntos Penales, la opositora salteña Sonia Escudero, y la representante eclesiástica Liliana Negre de Alonso, entre otros. Pero también el de la oficialista díscola Adriana Bortolozzi de Bogado.

La senadora Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, denunció que el proyecto “propone una especie de internado en las dependencias militares para algunos jóvenes. Pero no cualquiera. Está dedicado a los jóvenes en situación de riesgo, los más pobres”. La senadora también denunció que “el dictamen no fue girado a la Comisión de Educación”, lo que revela las pretensiones de los redactores del proyecto: pese a que está planteado como un sistema de educación, fue ingresado a comisiones de seguridad y tratado en el proyecto de leyes consideradas de seguridad, junto a la de salideras bancarias y a la de desaparición forzada de personas.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, criticó la iniciativa porque “en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light”, porque “podría actuar como disciplinador social”, al tiempo que significaría “el retorno de las fuerzas militares en temas de la seguridad publica”, que fue eliminado por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

“Es un horror, un eufemismo decir que es un proyecto educativo cuando lo único que hace es discriminar a los pobres”, sostuvo Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. “Más que de educación es un plan de criminología cosmética, parece un problema de disciplina, parece que todo queda reducido a los jóvenes que tienen anulados sus derechos de educarse en escuelas públicas”, sostuvo el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón.

“Más allá de los intereses que han motivado a los senadores a redactar y votar el proyecto, hoy en Argentina rige la Ley Nacional de Educación que hace obligatorio el acceso de todos los jóvenes a la educación primaria y secundaria –señaló Gimol Pinto, especialista en protección de la infancia de Unicef Argentina–. Y muchos adolescentes no están pudiendo ejercer ese derecho fundamental. También está vigente la ley de prohibición del trabajo infantil que prohíbe el trabajo hasta los 16 años. Lo central es que el Estado debe garantizar que los chicos que se encuentran en exclusión tienen que estar en la escuela y tienen la educación garantizada por el Estado y la solución no pasa por abrirles talleres alternativos.”

“¿Y qué tiene de malo que el Estado ayude a chicos que no tienen acceso a la escolaridad y que se encuentran en situación de riesgo?”, fue la defensa que abrumó durante la sesión de ayer. Los senadores que adoptaron ese discurso hicieron el olímpico salteo de la propuesta educativa: la mecánica de tratamiento figura en la labor parlamentaria, que evidenció que se trató de una propuesta más sobre el problema de la seguridad.

El proyecto pone como requisitos tener entre 14 y 24 años, pasar un control médico psicofísico, sostiene que el contenido de los cursos y capacitaciones será elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación (pese a que no ingresó a la Comisión apropiada) y se desarrollará en instalaciones del Ejército que se encuentren en desuso, pese a que el Ejército rechazó el convite.

El proyecto, ahora, deberá ingresar en Diputados donde deberá superar el primer escollo: ¿la comisión de cabecera será la de Seguridad o la de Educación?

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