En una insólita protesta contra la investigación del asesinato del militante Mariano Ferreyra, los trabajadores de la ex línea Roca nucleados en la Unión Ferroviaria realizaron un paro de doce horas. El motivo de la medida de fuerza fue la detención de Pablo Díaz, uno de los principales dirigentes de ese gremio, implicado en la investigación del asesinato de Ferreyra la semana pasada. El Ministerio de Trabajo primero los intimó y luego dictó la conciliación obligatoria, que obligó a los huelguistas a levantar el paro. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó el accionar del sindicato como “una vergüenza”.

Por la detención de Pablo Díaz, delegado de la línea Roca, el sindicato de José Pedraza mantuvo parado desde la medianoche de ayer el servicio que une Constitución con la zona sur del conurbano. “El servicio de trenes de la ex línea Roca se encuentra interrumpido desde la medianoche a raíz de un paro de actividades decretado por los delegados de base del sindicato Unión Ferroviaria”, informó por la mañana la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencias (Ugofe). Díaz fue apresado por la Justicia sindicado como el responsable de reclutar a la banda que enfrentó a los tiros a un grupo de empleados tercerizados que, acompañados por agrupaciones y partidos de izquierda, planeaban cortar las vías en reclamo por la reincorporación de más de cien trabajadores.

La Ugofe informó que ante el paro “a la empresa le resulta imposible cumplir con la prestación de transporte establecida en sus diagramas habituales”. Además señaló que había sido comunicado por “los representantes gremiales que la retención de tareas será por tiempo indeterminado, por lo cual se espera que este domingo no circularán trenes en ninguno de sus ramales”. Si bien la huelga se mantuvo por más de doce horas, la intervención del Ministerio de Trabajo logró que se destrabara el funcionamiento de los trenes cerca de las 13. Primero los funcionarios de la cartera laboral intimaron a los huelguistas pare que suspendieran la medida, pero ante la reiteración de los trabajadores de sostenerla, la viceministra Noemí Rial dictó cerca del mediodía la conciliación obligatoria, que se mantendrá por diez días. Así, el ministerio les informó a los dirigentes sindicales en la sede del gremio que de no acatar la conciliación dispondría “las sanciones que establece la ley”.

A pesar de la investigación y de las pruebas que los incriminan, la Unión Ferroviaria insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y las heridas de bala de Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre. Ayer el sindicato publicó una solicitada en los medios gráficos en la que señalaba que tenía “el absoluto convencimiento de que los trabajadores ferroviarios eventualmente involucrados no tenían armas de ninguna naturaleza. Los balazos no partieron de los ferroviarios”, así como enfatizaron que ignoraban “quiénes y por qué dispararon” sobre Ferreyra.

La Presidenta se refirió a la medida de fuerza a través de Twitter. “Paro en el Roca. Una vergüenza de la misma dimensión que la actitud de quienes se negaron a colaborar con la Justicia hasta su reincorporación”, twiteó la mandataria, relacionando también a los trabajadores tercerizados que supeditaban su testimonio en la causa a que fueran incorporados a la planta permanente de la Ugofe. Luego volvió a opinar que “como siempre los extremos se tocan. Esa historia es vieja y demasiado conocida. Dejen trabajar a la Justicia sin opresiones ni extorsiones”, apuntando a la presión sindical por la detención de Díaz.

La medida de fuerza también fue criticada por los dirigentes del Partido Obrero. La finalidad del “lockout de la patronal, del Estado y de la burocracia sindical, es la impunidad para los asesinos y abortar la investigación de la Justicia, en particular, que no convoque a declarar a los participantes de la patota de la burocracia”. El comunicado firmado por Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal reitera que “el lockout exige la libertad de un organizador de las patotas de la burocracia sindical” acusando a la dirigencia de la Unión Ferroviaria de manejar “las relaciones laborales en el ferrocarril en representación del Estado y de las concesionarias, además de ser propietaria de varias de las empresas tercerizadas”.