Alberto Pedroncini tiene 87 años. Abogado e integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, su nombre es uno de los que abrieron el expediente del plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Ayer fue el primer testigo del juicio. Su intervención tuvo dos ejes. Primero mencionó el trabajo de la APDH a comienzos de 1983 para denunciar la intención de la dictadura de dar por muertos a los desaparecidos, entre ellos a los niños. Y luego habló del comienzo de la investigación. “El planteo que hicimos fue teniendo en cuenta que la sustracción de menores había sido sistemática en relación con la cantidad de casos y modalidad; en cada caso se daba la separación del menor y además de su madre.” En el marco de la causa, durante la apertura pidieron al Estado información, pero no tuvieron respuesta. Sobre el primer punto, recordó: “Yo participé como miembro de la APDH, de la cual era vicepresidente, en toma de decisiones enfiladas a disminuir el riesgo de impunidad que se alzaba en el horizonte cada vez con la mayor fuerza, porque desde enero del ’83 corrían versiones acerca de que el gobierno de facto preparaba una fórmula que declarase la muerte de todos los desaparecidos”. La APDH redactó el documento “Por la Vida, la Verdad y la Justicia”, que recordaba a la Junta que esa solución se refería a miles de personas, entre ellas a centenares de niños. La mandaron al Ministerio del Interior y al Episcopado y fue dada a conocer a la prensa. El Episcopado respondió que no podía intervenir en asuntos que dependían de otras voluntades. En cuanto a la Junta, no contestó.