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La ley que creaba un registro de cuidadores de vehículos, destinada a incluir en la actividad a los denominados “trapitos”, y que a la vez penalizaba a aquellos que lo hacían integrando organizaciones, fue vetada finalmente por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Si bien la anulación de la ley ya había sido anunciada poco después de la aprobación, el 7 de diciembre, ayer se hizo efectiva con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial. El macrismo intentará ahora imponer su propia propuesta, para endurecer las penas para los cuidacoches. La oposición rechazó tanto el veto como esta iniciativa, porque “criminaliza a los que desarrollan la actividad para su subsistencia”, dijo a este diario la diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria). “El veto sólo se sostiene en la decisión de excluir aún más a los ya excluidos”, agregó Julio Raffo (Proyecto Sur).

Ayer, la encargada de justificar el veto fue la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quien argumentó que “no se puede permitir que un sector se apropie del espacio público”. “Al igual que en el caso de los manteros (los vendedores informales de la calle Florida), en el caso de los trapitos sostenemos que el espacio público es de todos”, dijo Vidal.

La ley había sido aprobada con 31 votos, todos opositores, y con la oposición del macrismo que apoyaba un proyecto propio que imponía penas de hasta cinco días de arresto para los que desarrollen la actividad.

La ley ahora vetada, en cambio, pretendía diferenciar a los que se ganan la vida honestamente de las organizaciones cuasi delictivas. Creaba un registro en el que podían inscribirse personas “mayores de 18 años, con ingresos insuficientes para sostener las necesidades de su grupo familiar, con prioridad para adultos mayores, discapacitados o personas con familia numerosa”. Los cuidadores autorizados no podrían exigir una suma fija de dinero sino una contribución voluntaria. Y los que no estuvieran autorizados podrían ser sancionados con una multa de 200 a 400 pesos, y de hasta 2000 pesos y arresto de hasta cinco días en caso de pertenecer a una organización. Además, hacía extensiva la responsabilidad a los funcionarios policiales o inspectores, cuando existiera connivencia, en casos de espectáculos deportivos o artísticos.

“Como concepto, pensamos que al vecino de la ciudad no se le puede cobrar el estacionamiento que es gratis para legalizar una actividad que no lo es”, dijo Vidal. La misma Legislatura, sin embargo, aprobó una ley para concesionar el estacionamiento medido en centros comerciales barriales de la ciudad.

“Hace a la esencia del espacio público el poder ser disfrutado y gozado en forma común por todos los vecinos y por ello es que, conforme a la manda constitucional, este gobierno debe asegurar su uso libre y gratuito, impidiendo la apropiación indebida”, dice el decreto firmado por Macri.

La diputada Alegre sostuvo que el veto “no atiende a la problemática social ni al de seguridad ni al ordenamiento del tránsito”. “Hay que ver si usan el mismo argumento de la defensa del espacio público cuando quieran discutir la concesión del espacio público en plazas, para la instalación de proyectos gastronómicos”, ironizó.