El pago de horas extras a los obreros dejó de existir en 1973 en Jujuy. La Mina El Aguilar se aprovechó: no las pagó, pero exigió que sus empleados siguieran trabajándolas. La reducción extrema que sufrieron los salarios empujó a los mineros de SOMA a El Aguilarazo. Los primeros siete testigos que declararon frente al TOF de Jujuy –parte de las 27 víctimas de privación ilegítima de la libertad por la que está acusado el teniente Antonio Vargas–, todos dirigentes gremiales, fueron “paseados” por establecimientos de fuerzas de seguridad hasta agosto de 1976, cinco meses después del secuestro. Según fuentes de la causa, los que fueron más activos fueron trasladados a La Plata, los otros fueron liberados en Jujuy. Si se entiende a El Aguilarazo dentro de los procesos de lucha del movimiento obrero en Jujuy, entonces “los secuestros son la respuesta a las demandas de los trabajadores”, indicó la fuente. La mención de los testigos de que sus detenciones se produjeron en camionetas de la empresa, incluso la existencia de sus nombres en listas escritas en papeles de la compañía, apuntan a esa relación. En este punto, “la situación de El Aguilar es muy parecida a la del Ingenio Ledesma y su implicancia en los secuestros de los Apagones del Terror”, indicó el abogado querellante Martín Patiño.