La investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Persona (Ufase), que detectó el funcionamiento de prostíbulos en locales habilitados por el gobierno porteño para otros fines, se inició en diciembre de 2009. Las actuaciones comenzaron cuando la Ufase empezó a advertir que muchos de los inmuebles investigados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el delito de trata de personas paralelamente registraban antecedentes de infracción a la ley 12.331 –que prohíbe la existencia de burdeles en la Argentina– en la Justicia penal. Pero la pesquisa derivó luego en la averiguación de irregularidades –y delitos– cometidos por la Policía Federal en la supuesta actividad de control de boliches y prevención de la trata. El expediente se convirtió en una megacausa contra doce comisarías de la Federal, que tiene en sus manos la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y que estaría bastante parada.

La Ufase detectó que agentes de esa fuerza fraguaban actas para encubrir lo que pasaba en los locales nocturnos, incautó documentos en las seccionales, allanó alrededor de 40 locales y detectó casos de trata. Según fuentes de la Ufase, tras la denuncia, en el Ministerio de Seguridad se abrieron sumarios administrativos contra los uniformados involucrados en las maniobras ilícitas y algunos de ellos pasaron a disponibilidad en la primera de las purgas que hizo la ministra Nilda Garré.

El 18 de junio de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, el entonces jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, firmó las órdenes internas 111 y 230, respectivamente. En ellas, se obligaba a todas las comisarías porteñas a llevar carpetas de seguimiento de los “locales nocturnos” que hubiera en su jurisdicción, en los que se presumiera la explotación sexual ajena. La información debía contemplar y verificar, entre otras cosas, la habilitación del lugar, las inspecciones efectuadas, si el rubro para el cual fue habilitado se correspondía con la actividad que se ejercía en realidad, la identificación del dueño y/o responsable y del personal que trabaje allí, notas cursadas al organismo del Gobierno de la Ciudad, verificar si había menores ejerciendo la prostitución, actuaciones judiciales y entrevistas con vecinos para ver cómo repercutía la actividad del local en el barrio. Fue el propio jefe de la Federal quien el 14 de diciembre de 2009 puso en conocimiento de la Ufase, sin que el organismo hubiera efectuado un requerimiento específico, la existencia de esas órdenes internas. A partir de conocerlas, la Ufase solicitó las carpetas en cuestión y pidió que se le informara de los sumarios denunciados en cumplimiento de esas directivas. Al analizar la información enviada, la Ufase detectó actas policiales “de contenido falso por la inserción de datos y firma de personas inexistentes” o por la incorporación de declaraciones “inexistentes” que se adjudicaban a personas determinadas. En ambos casos, denunció la Ufase, “la finalidad perseguida fue la de encubrir, tapar, esconder el funcionamiento de tales locales”. En esos sitios, inspecciones de Gendarmería y Prefectura verificaron luego que había explotación de las prostitución ajena. En la denuncia estaba mencionado, entre otros, el famoso Hippopotamus.

“Los resultados arrojados por esta investigación preliminar nos muestran que esos controles fueron sólo útiles para ocultar la realidad de lo sucedido dentro de esos lugares, para lo cual no se reparó en falsificar documentos y falsear el contenido de documentación que debía dar fe de lo allí consignado. Estos datos revelados generaron, además, un impacto negativo en la prevención del delito en el ámbito metropolitano y su efecto en la seguridad interior”, dice uno de los párrafos de la denuncia de la Ufase.

Ante los fiscales, una mujer que aparecía como testigo de un acta declaró que la firma que constaba allí no era la suya, que nunca había sido testigo y que sólo había ido a la comisaría del barrio una vez para solicitar un certificado de domicilio. Exactamente lo mismo les ocurrió a otras personas que fueron llamadas a declarar en la Ufase. Por eso, la sospecha es que los policías usaban datos de gente que había hecho trámites en las comisarías para incluirlos en las actas, sin que lo supieran. La denuncia que abrió la causa penal que tiene en sus manos Servini de Cubría fue firmada por el titular de la Ufase, Marcelo Colombo, y el secretario del organismo, Marcelo Raffaini. En un primer momento involucró a 90 policías (entre ellos, seis comisarios y quince subcomisarios) de doce comisarías, pertenecientes a seis de las ocho circunscripciones porteñas. “Se deduce que el interés de los funcionarios policiales involucrados debiera ser, principalmente económico. Esta es la explicación más razonable del sinnúmero de ilegalidades llevadas a cabo por los funcionarios policiales” , sintetizó la Ufase. En los locales se secuestraron cientos de documentos que hacen referencia a los “pases”. Estos son como tickets (generalmente en forma de ficha o pulserita) que el cliente compra en el local, para luego entregarlo a una prostituta a cambio de sexo. La mujer lo presenta luego para rendir cuentas y cobrar su parte.