Además de “destruir el paisaje cultural urbano”, la obra del metrobús en la Avenida 9 de Julio es “ilegal”, ya que debió ser aprobada por la Legislatura, se argumenta en el recurso de amparo presentado ayer ante la Justicia porteña. “La ley 2992 aprobó la primera etapa del metrobús, en Juan B. Justo, pero su articulado disponía que para la implementación de otros corredores, los proyectos y trazados deben pasar por la Legislatura de la Ciudad para su aprobación”, explicó a Página/12 el abogado ambientalista Enrique Viale, uno de los firmantes del recurso que solicita frenar esa obra.

Viale hizo la presentación junto al ex legislador Facundo Di Filippo y el abogado Jonatan Valdiviezo, todos integrantes del Partido Social de la Ciudad. En el recurso, no sólo cuestionan la legalidad del proyecto, sino su racionalidad. “No estamos en contra del metrobús como sistema, sino de hacerlo en la 9 de Julio, donde va a competir con el subte C”, dijo Viale. “El trazado coincide irrazonablemente con el de la línea Constitución-Retiro, lo que crearía una superposición única en el mundo.”

El arquitecto Rodolfo Livingston, integrante de la organización Pro Amba, también cuestionó el proyecto porque “no forma parte de un sistema de transporte”. “No es cuestión de hacer un metrobús acá y otro más allá. Un sistema de transporte debe conectar nodos, y éste ni siquiera llega hasta Retiro o Constitución”, dijo Livingston.

En efecto, el metrobús de la 9 de Julio se extenderá desde la calle Arroyo, al norte, hasta la avenida San Juan, al sur. Allí se terminan las vías rápidas de las diez líneas que integran el sistema. A partir de allí, cada una sigue con su recorrido habitual.

Pero ese recorrido, advierte Di Filippo, no depende de la Ciudad sino de la Secretaría de Transporte de la Nación. “En su momento, (Mauricio) Macri rechazó hacerse cargo del transporte de colectivos en la Ciudad y ahora dispone el cambio de recorridos y de paradas, para lo cual debe pedir permiso a la Nación, cosa que debió hacer antes de empezar la obra”, argumenta el ex legislador.

Para los amparistas, la ejecución de las obras del metrobús en la 9 de Julio “afecta el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires al destruir el paisaje cultural urbano de la avenida, referencia mundial de la Ciudad, uno de sus espacios más emblemáticos”. “Los trabajos constructivos están destruyendo sus plazoletas, sus frondosos árboles, modificando la Plaza de la República, afectando radicalmente su fisonomía, en definitiva, alterando este paisaje urbano que debiera ser protegido y, por lo tanto, lesionando el derecho a un ambiente sano y equilibrado de todos los habitantes de la Ciudad”, argumentan.

Esos conceptos pueden ponerse en números: la obra implica el recorte de 600 metros cuadrados de plazoletas laterales, para construir un nuevo carril en Lima-Cerrito y Bernardo de Irigoyen-Carlos Pellegrini; la eliminación de 3000 metros cuadrados de plazoletas centrales; el recorte de 5,5 metros de cada lado de la Plaza de la República, lo que representa unos 200 metros cuadrados. También se afectarán 217 árboles, que serán trasplantados o talados.

La presentación está basada en “la protección del paisaje cultural urbano”, lo cual, a criterio de los amparistas, “integra el derecho a un ambiente sano y equilibrado”, según el artículo 41 de la Constitución Nacional, y los artículos 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad. “En este caso se está afectando significativamente uno de los paisajes culturales urbanos de mayor singularidad y reconocimiento de la ciudad, una referencia mundial, uno de sus espacios más emblemáticos como lo es la Avenida 9 de Julio”, argumenta.

En base a estos argumentos, solicitan la nulidad del Decreto Nº 555/12 (dictado el 29 de noviembre de 2012), que aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública referida a la Obra Pública Metrobús Corredor 9 de Julio.

También reclaman que “se ordene al GCBA la recomposición del ambiente dañado, ordenando el restablecimiento al estado anterior de la Avenida 9 de Julio”. Y para que los pedidos anteriores no se tornen ilusorios, requiere que mediante una medida cautelar urgente se disponga “paralizar los trabajos constructivos” en curso.

“Muchos de estos cuestionamientos se hicieron en la audiencia pública (el 6 de noviembre último) Sabemos que las audiencias no son vinculantes, pero el gobierno tiene la obligación de contestar, y ni siquiera se tomaron ese trabajo”, cuestiona el arquitecto Livingston, quien participó de esa audiencia. “Eso muestra cómo se manejan con una prepotencia absoluta.”