El fiscal Félix Crous, que actuó en juicios sobre el terrorismo de Estado, fue uno de los moderadores de la jornada.
Imagen: DyN.

El rol de la Justicia durante la dictadura, pero sobre todo sus efectos, pensados como matriz de una cultura política hecha carne en el Poder Judicial, atravesó buena parte de las intervenciones de la primera jornada de “Justicia legítima”. Estela de Carlotto sentada al lado de la procuradora Alejandra Gils Carbó, definió el día, en el arranque, como “histórico”. Todavía sin leer el escrito que había llevado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cruzó presente y pasado en línea con lo que iba a suceder el resto de la jornada: “Son años que venimos sufriendo todos estos procesos injustos, no sólo de dictaduras cívico-militares, sino de esas corporaciones que se agregan a esos programas con mucho gusto”.

“Como Abuelas de Plaza de Mayo tenemos mucho para decir sobre esta discusión que nos convoca”, dijo. “Más allá de las personas particulares, sufrimos muchos de los vicios y defectos estructurales del Poder Judicial. Una de las primeras cosas que aprendimos fue que no veríamos las caras de los jueces ni ellos las nuestras: debíamos comunicarnos a través de abogados y papeles. También aprendimos en carne propia que debíamos comprender los ‘tiempos de la Justicia’. Esos tiempos para nosotros a veces significaron años, incluso décadas, tratando de que alguna Abuela recupere a su nieto, porque siempre aparecía una nueva apelación o amparo que frenaba un reencuentro; hoy vemos cómo esos mismos mecanismos frenan la aplicación de una ley clave para la democracia.”

Estela señaló que en los juicios vinculados con los crímenes de la dictadura “rige una gran discrecionalidad y hay graves fallas de planificación”. Y en la sala se oyó un “¡Bien Estela!”, cuando pidió que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias: “Vemos que aún no hay suficientes salas de audiencia en condiciones para desarrollar estos juicios. No es un tema sólo del juzgamiento de los crímenes de la dictadura, sino para cualquier juicio con más de una docena de acusados y cientos de víctimas. Por supuesto, desarrollar estas salas e impulsar cambios cuesta dinero... ¿nos preguntamos cuánto ayudaría a financiarlo que los jueces empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de los ciudadanos?”. El juez Otilio Romano, que continúa prófugo en Chile, dio paso a una nueva crítica a la corporación judicial: “Nunca escuchamos a la Asociación de Magistrados pronunciarse sobre este tema, apañando con su silencio esta conducta cobarde e ilegal”.

En la sala estuvieron muchos jueces, fiscales y defensores que llevan o llevaron adelante juicios clave en todo el país por la dictadura. En línea con Paula Litvachky, del CELS, el fiscal Abel Córdoba de Bahía Blanca puso en la mesa el rol que cumplieron los organismos de derechos humanos en este debate, que algunos llamaron “revolucionario”. “Creo que la trasformación más importante que tuvo el Poder Judicial en estos años ha sido la que impulsaron los organismos de derechos humanos en su lucha por obtener el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, eso se hizo con un discurso muy fuerte y ha encontrado correlato en numerosos funcionarios, muchos acá presentes, que desde adentro de las estructuras los canalizaron en términos jurídicos.”

El fiscal Jorge Auat y la jueza de San Martín Lucila Larrandart dieron cuenta de las dificultades estructurales que aún anidan en la Justicia en ese sentido. “¿Cómo no se van a oponer a investigar crímenes donde de algún modo el Poder Judicial y el sistema judicial estaban claramente vinculados con esos hechos, en algunos casos directamente como imputados?”, dijo Auat.

El fiscal de Jujuy Pablo Pelazzo puso como ejemplo de la articulación entre PoderJudicial y económico la causa a los directivos de Ledesma.

“Sus defensores fueron jueces ambos. Uno del Juicio a las Juntas y el otro en la misma causa donde ahora es defensor. El codefensor del administrador de la empresa fue secretario en el juzgado donde tramitan esas causas. Y para completar el cuadro, el juez que realizó todas las maniobras posibles para dilatar el avance fue secretario de uno de los defensores de Pedro Blaquier.”

En los pasillos y salones de la Biblioteca se cruzaron Juan Carlos Vallejo, de Corrientes, Julio Bavio, de Salta, a cargo de la investigación por La Veloz del Norte; Mario Portela y Roberto Falcone, que impulsaron las investigaciones sobre Loma Negra y el tucumano Fernando Poviña, que interviene en el caso Ledesma. “Es un paso trascendental frente al tiempo donde había una sola voz o una sola asociación o núcleo de dirigentes judiciales que se escuchaban como la voz de la opinión de todos”, dijo este último. Beinusz Szmukler, desde arriba del escenario, señaló: “Pensar en esto hace 20 años era materialmente imposible, necesitábamos jueces que no cedan a las presiones”.