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Por Juan Carlos Capurro y Horacio González *

Más de tres mil personas están procesadas por el “delito” de protestar contra la política de Estado de los últimos doce años. Esto en las ciudades. Si se suman las protestas agrarias, el número llega a diez mil.
El derecho a peticionar y a manifestarse fue fulminado desde una solicitada del ex presidente Menem, en la que “instruyó” a fiscales y jueces para que procesen a los participantes de cortes de ruta y manifestaciones.
Poblaciones enteras, como Cutral-Có y Mosconi, tuvieron que salir a la ruta ante el silencio del Estado a sus reclamos de trabajo, alimentación y salud.
El Estado que privatizó y dejó en la calle a cientos de miles, respondió con represión. Miles de detenidos y heridos. Sesenta muertos.
Todo para sostener un plan económico que nos llevó a la mayor catástrofe social y el mayor índice de pobreza e indigencia de nuestra historia.
El gobierno del presidente Kirchner anunció el fin de esta política de Estado, basada en la criminalización de la protesta social. Pero los diez mil procesados y condenados por ésta continúan en la misma situación. Para resolver esta contradicción se ha planteado el pedido de una amnistía.
Pero los derechos ejercidos por los manifestantes no pueden ser amnistiados. Al ejercicio de las libertades no corresponde un olvido, lo que involucra el reconocimiento de una conducta delictiva. Peor aún: no soluciona el problema de fondo. Una gracia parlamentaria, coyuntural por definición, daría lugar a nuevos procesos en el futuro.
El CAJ ha presentado un proyecto de ley de desprocesamiento, que demuestra que no hubo delitos sino libertad de expresión, en la defensa del principal bien jurídico, la vida, bien al que deben subordinarse todos los demás. Lo contrario de un “orden”, donde lo principal es la “emergencia económica” del Estado. Este proyecto fue acordado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, por los principales juristas del país, al que sumaron su apoyo organizaciones sindicales y legisladores.
Hemos coincidido así, en defender las libertades democráticas que durante doce años caducaron, bajo la forma de procesos penales, contra quienes alzaron su voz en protesta y reclamo contra un orden injusto.
La lucha contra la impunidad incluye el desprocesamiento de los injustamente perseguidos, que al hambre y la miseria desatada por el Estado le han tenido que sumar la doble humillación de la cárcel y los golpes. Es el Estado el que debe pedir perdón, no sus víctimas.
Involucra también el juicio y castigo a quienes hirieron y mataron; a quienes dieron las órdenes de hacerlo y a quienes lucraron sobre la base del dolor ocasionado.
* Abogados del Comité de Acción Jurídica (CAJ).