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La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Laurana Malacalza, expresó su preocupación por los obstáculos en el sistema judicial que deben enfrentar las víctimas para que las causas avancen. En una entrevista con Página/12, con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Malacalza advirtió que la respuesta del Estado para protegerlas no se debe limitar al ámbito de la Justicia, y señaló la necesidad de ampliar la oferta de servicios de apoyo y contención en la salud física y psíquica, y de promover políticas de acceso a subsidios económicos, asignaciones familiares, a planes de vivienda y empleo, y a instancias de capacitación laboral para las víctimas.

–En el Informe del Observatorio (ver página 2) se señalan críticas a la atención de la violencia de género en el sistema judicial. ¿Encontraron aspectos en los que se ha avanzando en relación con la protección que se le debe dar a la mujer que denuncia a su pareja o ex pareja por malos tratos?

–En términos de protección, es importante destacar la incorporación de parte de los organismos públicos de avances en materia de definición de un sistema único de registro en la provincia, a partir de la incorporación de nuevas dimensiones tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense a través del Sistema Augusta, la incorporación de la dimensión Violencia Familiar en el Sistema Informático del Ministerio Público de la Procuración y la implementación de una nueva Planilla de recepción de denuncias para las Comisarías de la Mujer y la Familia de la Dirección de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. Estos registros incluyen los “factores de riesgo” como una dimensión de análisis que deberían definir medidas de protección más efectiva en el corto plazo. Respecto de las medidas de protección de mediano y largo plazo, aparecen grandes deficiencias, por eso desde el ONG consideramos importante fortalecer el espacio de las Mesas Locales, que integran en cada distrito organizaciones y referentes del municipio, de la provincia y la Justicia. Para dar una respuesta integral que coordine y articule las medidas de protección otorgadas por la Justicia con el trabajo territorial de las ONG, de los gobiernos locales y de las instancias provinciales.

–¿A qué responde que un porcentaje significativo de causas terminen paralizadas o archivadas?

–A que gran parte del sostenimiento del proceso judicial queda en la denunciante. El proceso judicial impone a la víctima la obligación de presentarse a ratificar en algunos casos y en otros casos a ampliar lo dicho en la dependencia policial; presentar aportes probatorios sobre los hechos denunciados, concurrir a audiencias. Incluso se las compromete a ayudar en la realización de ciertas diligencias: llevar oficios a comisarías y hacer el seguimiento en la notificación de las medidas, activar la denuncia por el incumplimiento de las medidas. Todas estas instancias promueven grandes dificultades para sostener los procedimiento judiciales, provocando primero la paralización y posteriormente el archivo.

–¿A qué se debe que el número de denuncias crezca año a año?

–Por un lado, existen márgenes sociales cada vez más reducidos de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, producto de una mayor sensibilización social frente a la temática y de avances legislativos en la materia. Por otro lado, el Estado provincial ha instado a la denuncia y a la gestión judicial del conflicto como una forma de respuesta frente a la problemática. Esto se pone de manifiesto en la apertura de comisarías de la Mujer y de oficinas de Atención a la Víctima en las dependencias policiales de todo el territorio provincial que explican, en parte, este aumento de cantidad de denuncias.

–En el Informe plantean “desnaturalizar la denuncia” y que haya respuestas articuladas con el Poder Ejecutivo. ¿Podría explicar más este planteo?

–El modelo de gestión de la violencia contra las mujeres en las relaciones interfamiliares se sostiene a partir de la denuncia en sede policial y judicial. Entendemos que debe incluirse en las definiciones de políticas públicas un concepto amplio del acceso a la Justicia que incluya no sólo las acciones judiciales y los recursos que la iniciación y el sostenimiento de las mismas implican, sino todas aquellas acciones y prácticas que promueven, entre otros, la implementación de servicios de apoyo y contención en la salud física y psíquica, el acceso a subsidios económicos, asignaciones familiares, a planes de vivienda y empleo, a instancias de capacitación laborales. Esta concepción permite pensar en un modelo de trabajo en red, que pueda generar una estrategia articulada y perdurable en el tiempo, con las áreas del Poder Ejecutivo, que propicie la identificación efectiva del riesgo real de las víctimas, el diseño de un abordaje integral de los casos involucrando medidas vinculadas con el acceso a la vivienda y a un empleo decente. La reciente puesta en marcha del Programa Andando por parte del Ministerio de Desarrollo Social es una primera definición de políticas públicas en este sentido, que promueve apoyo económico a las víctimas en los primeros 6 meses en forma articulada con las Mesas Locales y las ONG que trabajan en el territorio. Sin embargo, las instancias de articulación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial aún son incipientes. Crear y fortalecer estos espacios de articulación redundaría en una mayor protección y asistencia a las víctimas.