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Por V. G.

El juez federal Claudio Bonadío dictó ayer la prisión preventiva de los ex dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía por considerarlos partícipes necesarios de la desaparición de trece miembros de esa agrupación que regresaron al país en 1980 y fueron secuestrados por integrantes del Batallón de Inteligencia 601. El magistrado estimó que los acusados cometieron un crimen al disponer “la continuación de la ‘contraofensiva popular’ en condiciones logísticas y operativas en que a los (militantes) les resultaría imposible no ser alcanzados por la maquinaria represiva del Estado, creando un riesgo especial del que son absolutamente responsables, ya que el resultado no pudo ser modificado por el accionar de las víctimas”. Familiares y organismos de derechos humanos cuestionaron el procesamiento porque es “un claro intento de reflotar la teoría de los dos demonios”.
Con citas del historiador Richard Gillespie y de un libro del propio Perdía, Bonadío relató que a fines de 1978 la conducción de Montoneros evaluó que la ofensiva de la dictadura había llegado a un tope y que acciones propagandísticas, políticas y militares podían acelerar su caída. En ese contexto fue que en 1979 ingresó un grupo de personas al país. El hecho se repitió en 1980.
El 21 de febrero de 1980 fue secuestrado Angel Carbajal cuando intentaba retirar armamento que había sido dejado meses atrás en un guardamuebles. Días después desaparecieron Julio César Genoud, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Verónica María Cabilla, Ernesto Ferré Cardozo, Miriam Antonio Fuerichs, Raúl Milberg, Ricardo Marcos Zuker, Marta Elina Libenson, Matilde Adela Rodríguez de Carbajal, Angel Horacio García Pérez, Jorge Oscar Benítez y Angel Benítez. Horacio Domingo Campiglia, que estaba a cargo del grupo, fue secuestrado en Río de Janeiro junto a Mónica Susana Pinus de Binstock.
Bonadío señaló que “la ‘contraofensiva popular’ de 1980 copia la estructura logística, de comunicaciones y depósito de armas de 1979, que debían existir fundadas sospechas de que la operación era conocida por la inteligencia del gobierno militar y que este hecho no podía ser desconocido por los miembros de la Conducción Nacional en cuanto a la cantidad y calidad de las bajas sufridas y con plena conciencia de los métodos de interrogatorio que la inteligencia del estado argentino utilizaba con los militantes detenidos”. Para el juez, por las condiciones en que fue ordenado el operativo, “no existía posibilidad alguna de que los trece militantes que volvían a Argentina no fueran capturados por las fuerzas represivas del Proceso de Reorganización Nacional”.
Ex miembros de Montoneros, así como familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos señalaron que la decisión de arrestar a Perdía y Vaca Narvaja por la desaparición de sus propios compañeros fue un intento por reflotar la teoría de los dos demonios, que les otorga una supuesta “responsabilidad” en los crímenes del terrorismo de Estado a las organizaciones armadas de la década del ’70.
“Yo inicié la denuncia con el objetivo de que los responsables del genocidio argentino vayan presos y creo que tanto mi esposa como el resto de los compañeros que militaron, lo hicieron a conciencia, sin ser autómatas ni enviados contra su voluntad. Vincular a Vaca Narvaja y Perdía en esta situación es una vuelta más a la teoría de los dos demonios pero consolidado en un gran demonio”, afirmó Edgardo Binstock, esposo de Pinus.
Para Bonadío, la voluntad de las personas que entraron al país en 1980 “estaba totalmente viciada por las condiciones en las que les fue ordenado regresar”, ya que la organización tenía un “sistema de relacionamiento jerárquico”. Además destacó que dos de los desaparecidos eran menores de edad.
El juez consideró no sólo que los líderes montoneros –a quienes embargó por un millón doscientos mil pesos– crearon un “riesgo especial” para las víctimas, sino que además omitieron “cualquier acción para neutralizarlo o minimizarlo, como por ejemplo, nuevas formas de proveer armas o equipos de comunicaciones que les posibilite, dentro del riesgo libremente asumido, cumplir con las misiones encomendadas, evitado que se expongan a concurrir a los lugares que ciertamente estaban vigilados”.
En un escrito con citas de Shakespeare, la Biblia, y Hannah Arendt, Bonadío señaló que “el conocimiento de toda la verdad es condición de legitimidad de toda política destinada a superar la impunidad y que requiere comportamientos específicos por parte del Estado”.
“Si es por citar a la Biblia, según Bonadío, David nunca se hubiera enfrentado a Goliat. El juez juzga los hechos con posterioridad pero decir que era una locura resistir porque los iban a derrotar es ridículo. No hay que descontextualizar. Confiamos en el criterio de la Cámara porque este planteo no resiste ningún análisis”, afirmó a Página/12 Martín Blanco, abogado de Vaca Narvaja.
El juez respondió también al hecho de que la acusación que les hace a Perdía y Vaca Narvaja parece ser más una crítica política que una apreciación jurídica. “La llamada responsabilidad política por la participación en la toma de decisiones que hacen al comportamiento de colectivos sociales o políticos muta en responsabilidad penal cuando dichas decisiones y actos propios de carácter comisivo u omisivo son de tal naturaleza que los terceros incluidos en el sistema de influencia de esas decisiones y de esos decisores son conducidos inexorablemente a un determinado fin, más allá de su propia voluntad.” El magistrado procesó a los acusados usando la figura del dolo eventual, es decir que evaluó que ellos se representaron la inevitabilidad de la muerte de los militantes y aún así no hicieron nada para evitarlo. Pero los desligó de los secuestros de Campiglia y Pinus, ocurridos en Río de Janeiro en marzo de 1980, aunque sugirió que esas desapariciones se debieron a la complicidad de alguien de alto nivel en la organización con los militares.
La decisión de Bonadío ubicó jurídicamente a Vaca Narvaja y Perdía en la misma situación que el ex jefe del Ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, Carlos Alberto Roque Tepedino y otros represores procesados en esta causa.