El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra desestimó las advertencias de sus pares de la oposición sobre que la reforma del Código Procesal Penal propuesta por el Gobierno busca dejar impune causas de corrupción. “No veo de qué manera eso pueda ocurrir, porque son reglas de procedimiento y no de fondo”, señaló el reconocido abogado penalista y ex ministro de Justicia de la Nación. Además, aclaró que “las reformas no tocan la prescripción” de los delitos. En el mismo sentido, el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Martín Mena, explicó que “la prescripción está contemplada en el Código Penal y no en el Código Procesal Penal, con lo cual es imposible que haya modificaciones en ese aspecto”. Por el contrario, señaló el funcionario, lo que se busca es que la Justicia “dé respuestas rápidas y eficientes”.

Las críticas habían sido formuladas por la diputada massista Graciela Camaño –que manifestó que la reforma era “para los funcionarios públicos actuales”– y por la macrista Patricia Bullrich, que habló de la “colonización de los fiscales y jueces”.

Sin embargo, Gil Lavedra desestimó estos argumentos. “Muchos medios, notas, algunas editoriales se refirieron a la urgente necesidad del Poder Ejecutivo nacional de reformar el Código Procesal Penal para dejar impunes algunos delitos de corrupción. ¿Hay algo de cierto en eso?”, le preguntaron. “Yo sinceramente a eso no lo veo, no veo de qué manera eso puede ocurrir, porque son reglas de procedimiento, no son reglas de fondo”, fue la respuesta de Gil Lavedra.

El jurista radical también echó por tierra la especulación acerca de que la reforma cambiaría los términos de prescripción de los delitos. “No los toca, no toca el tema de la prescripción.” Luego Gil Lavedra consideró que “sería bueno avanzar hacia una reforma, siempre que se trate también el tema de los fiscales”.

Mena, el subsecretario de Política Criminal de la Nación, replicó a Gil Lavedra este planteo de reformular la Ley de Ministerio Público en caso de que se apruebe la reforma del Código Procesal Penal. “Sería una visión muy coyuntural, sobre todo cuando estamos hablando de que el Código que hoy nos rige data de 1888.”

El funcionario explicó que el principal cambio que traerá la reforma será pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, esto es que los fiscales serán en todos los casos quienes estarán a cargo de investigar y los jueces pasarán a ser garantes del proceso de justicia. Actualmente, el sistema es mixto: los jueces son quienes investigan, aunque pueden delegar la pesquisa en el fiscal. Mena aseveró que el Gobierno “no” hizo “nada nuevo”, ya que se trata de “un tema cuyo debate” estimó “saldado tanto en el ámbito académico como en el político”. De hecho, argumentó que toda Latinoamérica tiene un sistema acusatorio y “en las provincias ya se ha pasado de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, como se propondrá en el proyecto, con excelentes resultados”, por lo cual “hay que ir avanzando, adaptándose a las nuevas necesidades de la población”.

Otro especialista que respaldó la reforma impulsada por el Ejecutivo fue David Terroba, investigador del Instituto de Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “El nuevo sistema acusatorio tiene menos rituales y las decisiones se toman en el marco de las mismas audiencias. Esto redunda en la agilidad de los procesos y en decisiones de mayor calidad”, consideró. Por otro lado, el hecho de que los juicios sean orales y con audiencias públicas, le dará a las víctimas la oportunidad de “presenciar” la marcha de los procesos.

Para el especialista, la oralidad de los juicios, el rol de investigadores que tomarán los fiscales y la celeridad de los procesos permitirá “concentrar más recursos en crímenes complejos”.

“Es difícil encontrar algún académico que no esté de acuerdo con este paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Incluso todos los espacios políticos están de acuerdo, y para ello basta recordar la cantidad de proyectos que se presentaron en los últimos años”, concluyó Terroba.