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Más de 250 personalidades, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ONG especializadas en género respaldaron a la titular del Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, Romina Pzellinsky, y la tarea llevada adelante por el organismo creado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en noviembre de 2012 frente a la “deliberada operación de desinformación y tergiversación” difundida los últimos días. El documento de apoyo que fue difundido frente a la denuncia presentada por el fiscal César Troncoso por supuestas tareas de “espionaje a fiscales” recibió una masiva adhesión.

El comunicado aclara que en la información difundida por algunos medios de comunicación “se omite informar que Troncoso se encuentra investigado, en el marco de un sumario disciplinario por mal desempeño”, a partir de una denuncia presentada por una jueza de instrucción que informó a la Procuración General de la Nación “un patrón de conducta del fiscal orientado a archivar sistemáticamente las causas por violencia de género”.

Además, subrayaron que Troncoso no había investigado correctamente a efectivos de la Policía Federal acusados de someter sexualmente a dos niñas de 13 y 15 años en situación de extrema vulnerabilidad social. El supuesto “espionaje” denunciado por Troncoso no fue otra cosa que una auditoría realizada por el Programa de Género del Ministerio Público sobre las diferentes causas sobre violencia doméstica tramitadas por el magistrado. El documento de apoyo al trabajo de Pzellinsky y su equipo califica a la denuncia como “una de-sesperada estrategia defensista de Troncoso para evitar el avance inminente de su juicio político”.

Desde la Procuración aclararon que “el supuesto ‘acceso a información reservada’ se trata en verdad de la misión encomendada en el marco de ese sumario disciplinario y de la tarea cotidiana que realiza el Programa de Género, creado por la Procuradora General Gils Carbó en noviembre de 2012, para mejorar el servicio de Justicia del Ministerio Público Fiscal, y particularmente revertir los preocupantes índices de impunidad en casos de violencia contra las mujeres”. Agregaron que “a partir de un convenio celebrado con la Corte Suprema, el Programa efectúa un seguimiento de las causas que se denuncian ante la Oficina de Violencia Doméstica para contribuir a una respuesta más adecuada por parte de las fiscalías”.

Entre los firmantes se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación Civil Casa del Encuentro, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), además de Víctor Abramovich, secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Ippdh); Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos; Dora Barrancos, directora del Conicet; Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.