La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió ayer a los cuestionamientos que surgieron tras la denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer y el posterior allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio a la firma Hotesur SA. Según un comunicado de ese organismo, no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre esa sociedad, vinculada con la familia Kirchner, porque de acuerdo con las normas vigentes, los incumplimientos formales en los que incurrió esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “Concretamente, la Ley 25.246 establece que la IGJ es lo que se denomina ‘Sujeto Obligado’ a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)”, explica el comunicado de ese organismo, pero “la Resolución 29/2011 de ese organismo fija las pautas objetivas que determinan las obligaciones de la IGJ en materia de prevención de esos delitos financieros” y “según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ” de Hotesur SA “configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas”. Además, el texto descarta un trato diferencial para esa empresa al agregar que “tampoco se han emitido ROS sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)”.