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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entregó ayer al juez Claudio Bonadio las declaraciones juradas que había solicitado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. También entregó la declaración del empresario Lázaro Báez. Bonadio había pedido los documentos en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, propiedad de la mandataria.

Las declaraciones requeridas por Bonadio son las de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias. También son investigados Martín Báez, hijo del empresario, y Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y quien integra la sociedad Hotesur. La causa, originada tras una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, no tenía relación con Báez, pero Bonadio decidió ampliar la investigación hasta el vínculo entre la familia Kirchner y el empresario.

Por ese motivo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó al magistrado y sostuvo que “queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político”. También el diputado nacional del Frente para la Victoria Roberto Feletti sostuvo que “allanar una empresa para crear sospechas sobre el buen nombre de la Presidenta es una actitud golpista”.

En tanto, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer al diputado nacional Marcelo Fuentes que ratifique su denuncia penal presentada contra Bonadio.

El fiscal pidió al juez federal Julián Ercolini que cite a Fuentes para que aporte más información a la causa en caso de tenerla. Es un paso necesario para que Taiano resuelva finalmente la próxima semana si impulsa la denuncia y comienza a investigar a Bonadio. Según Fuentes, el juez tendría participación accionaria en la firma Mansue SA, dedicada a la venta de combustible. Por el reglamento de la Justicia Nacional, los magistrados no pueden ejercer el comercio.

Por su parte, Stolbizer, señalada por enriquecimiento ilícito, consideró un “disparate” la acusación en su contra. “A mí no me pueden encontrar absolutamente nada, vivo en la misma casa hace 23, 24 años”, puntualizó.

La diputada nacional calificó las denuncias en su contra como una “torpeza total” de parte del oficialismo y cuestionó también las acusaciones contra Bonadio. Además, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, convocada como perito en la denuncia contra Hotesur, también fue señalada por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y de falso testimonio en una presentación realizada por la diputada kirchnerista Andrea García. “No es un perito parcial por su relación de dependencia con la diputada opositora”, sostuvo García.