La Dirección de Comunicación Institucional de la Procuración General prepara una denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio que será presentada en instancias internacionales: ante la relatoría de libertad de expresión del sistema interamericano, de la OEA, y ante la relatoría de Naciones Unidas. Todo se debe a que el origen de la causa es la difusión de un dictamen fiscal a través de la página web del Ministerio Público. ¿Qué puede hacer la OEA? Pedir informes al Estado argentino, realizar una visita, un diagnóstico o incluso presentar la denuncia junto con los denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si considera que ha habido una afectación de la libertad de expresión. Puede informar a la comisión o advertir al país. En la Procuración están convencidos de que la imputación de Bonadio es opuesta a la regulación sobre libertad de expresión y acceso a la información del sistema interamericano, así como a los principios de divulgación de información de casos de interés público, más aún teniendo en cuenta que la jueza Gabriela Lanz no es una ciudadana cualquiera sino una funcionaria judicial. La ONU puede decidir si existe un caso contra Argentina, elevarlo a la asamblea general e indagar al país sobre el tema. Hay una instancia nueva en Naciones Unidas, que es el examen periódico universal, sobre aplicación de derechos humanos. En base a lo que responde el Estado, se le pueden hacer recomendaciones.