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¿Qué le pareció la denuncia contra la Presidenta y el canciller, entre otros, presentada por Nisman?

–Fue una denuncia que causó enorme conmoción por lo inesperado, y por la gravedad de la denuncia contra la Presidenta, a pesar de que se conocía la oposición de Nisman al Memorándum de Entendimiento con Irán. Sobre el contenido no me puedo pronunciar, por si algún día tengo que intervenir. También causa conmoción la muerte de una persona de 51 años con hijos.

–¿Tiene alguna hipótesis sobre su muerte?

–Sólo conozco los elementos que publican los medios de comunicación. Tampoco quiero abrir un juicio por lo que leo en los diarios.

–¿Qué implicancias imagina que va a tener esta sucesión de hechos?

–Como expresión de deseo, me gustaría que sirva para que de una vez se esclarezca el atentado a la AMIA.

–La disolución de la SI ya es una consecuencia concreta. ¿Qué virtudes y defectos le encuentra al proyecto de creación de una Agencia Federal de Inteligencia?

–Que la famosa Ojota se vaya de la esfera del Poder Ejecutivo es algo fundamental. No tiene por qué una sección dedicada a observaciones judiciales, sea intervención de teléfonos o de correos electrónicos, depender del Ejecutivo. Y me parece bien que dependa del Ministerio Público, que es un órgano extra poder y que, además, en un sistema acusatorio es el que va a tener a cargo las investigaciones. Son escuchas para causas judiciales. Hasta ahora nadie ha tenido muy en claro para qué sirvió y para qué se han utilizado los Servicios de Inteligencia, ni cuánto cuesta. Hay temas que tienen que seguir estando bajo la órbita del Poder Ejecutivo, como la prevención de la criminalidad trasnacional, terrorismo, criminalidad organizada y relaciones exteriores. Pero no las investigaciones de las causas penales. Por otra parte, me parece bueno que se haya dispuesto que las autoridades judiciales deban tener contacto con los directivos de estas agencias, y no con quienes hacen las tareas. Es una forma de evitar la autonomización. Ahora sería importante que funcionara la comisión bicameral de control, que haya un control del Parlamento.