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La Legislatura bonaerense actuó con madurez y sensatez al impedir la aprobación del presupuesto, enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que carecía de solvencia técnica y además proponía un endeudamiento de casi 100.000 millones de pesos, cifra que no tiene parangón con el déficit actual que según las propias estimaciones oficiales ronda los 20.000 millones de pesos. El ministro de economía bonaerense, Hernán Lacunza, pretendía que los legisladores aprobaran una norma desconociendo el detalle de su contenido y sin que cumpla con su función de constituir la expresión financiera del plan de gobierno y un instrumento de programación económicasocial y de administración.

Todas esas características fueron dejadas de lado por el Poder Ejecutivo. Se enviaron a los legisladores tan sólo 32 páginas de texto, sin ningún grado de detalle y apertura de las planillas presupuestarias (programas, finalidades, funciones, fuentes de financiamiento) y sin presentación de las metas y políticas que tendrá cada ministerio, secretaria y organismo descentralizado. Un hecho sin precedentes desde 1983 a la fecha.

Incluso, hay otro elemento más que en muchas ocasiones se soslaya del instrumento presupuestario: su carácter documental. La riqueza de la información contenida en los presupuestos es muy importante por su volumen y relevancia. Aprobar un presupuesto sin información sería un acto poco responsable por parte de los legisladores.

El presupuesto de la provincia de Buenos Aires por su magnitud (más de 350.000 millones de pesos), debe presentarse y aprobarse a partir de un documento muy preciso que obliga a contener un importante cúmulo de información y datos sistematizados, de relevancia no sólo para el legislador. Pretender reemplazarlo con algunos artículos llenos de vaguedades e imprecisiones, es, como mínimo, expresar un profundo desprecio por una institución fundamental del sistema republicano. Al respecto, llama la atención la actitud pasiva del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Jorge Sarghini, que no puede desconocer esta cuestión ya que ocupó la cartera económica provincial y pasó por diversos cargos relacionados con las finanzas públicas en la administración pública bonaerense y nacional.

Es importante señalar que la falta de aprobación del presupuesto, razonable dadas las condiciones en que se pretendió efectuar su tratamiento, no implica que no se pueda afrontar el pago de salarios correspondiente al mes de enero de 2016. Tampoco es cierto que funcionar con una prórroga de gastos y recursos sea un impedimento para llevar adelante las paritarias salariales.

La prueba en contrario es el antecedente del Estado Nacional en el año 2011, en el que el gobierno no contó con un presupuesto aprobado, debido a que la entonces oposición (hoy oficialismo nacional y provincial, expresada en Cambiemos y aliados), se negó a aprobar un proyecto de ley presentado, a diferencia del caso actual, en tiempo, forma y contenido. Tal situación no impidió que en mayo de 2011 se firmara un Acta Paritaria con un incremento salarial nominal del 24 por ciento para los trabajadores estatales nacionales.

Se percibe además en las autoridades bonaerenses un cortoplacismo preocupante, centrado en lograr la aprobación de la ley impositiva (los aumentos de impuestos no pueden aprobarse por prórroga) y, muy especialmente, el megaendeudamiento. Han trabajado con una premisa falsa de una provincia quebrada y en déficit permanente, cuando la realidad se acerca más a equilibrios financieros recurrentes basados en un nivel de gasto, corriente y de capital, que debe crecer y mucho para brindar al pueblo bonaerense lo que precisa y merece, situación insuficientemente contemplada en el deficiente proyecto enviado a la Legislatura.

Los gobernantes de la provincia pretenden responsabilizar a la actual oposición por sus propias incapacidades e impericias que, de no superarse, presagian un futuro tormentoso frente al desafío de conducir la más grande y compleja provincia argentina. En vez de buscar culpables mirando para otro lado, sería deseable que la gobernadora y sus colaboradores estructuren una propuesta seria, razonable y acorde a la situación fiscal y expliciten con claridad y precisión en qué pretenden utilizar el abrumador endeudamiento solicitado. No es solamente un acto de responsabilidad institucional, sino incluso de mero sentido común, no firmar un cheque en blanco que hipoteque el futuro de todos los bonaerenses.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.