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Nunca deja de sorprenderme la superficialidad con la que se abordan los temas de seguridad en nuestro país. Pareciera que de forma innata todo el mundo conoce o sabe un poco del tema, desde periodistas deportivos, personajes de la farándula, hasta ex ministros de Trabajo.

Observamos cambios en las cúpulas de las fuerzas de seguridad con una ligereza asombrosa, mientras que en la Gendarmería Nacional Argentina se disponen nombramientos invocando “la reparación de una injusticia cometida por la administración anterior” (convocando nuevamente a personajes arcaicos), se augura que la designación de un “civil” al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria representa un “cambio de paradigma de gestión”. Y acá hago un alto... Primero, los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad son todos civiles, así que esa aclaración solo implica un vasto desconocimiento de los organismos que la ministra debe conducir. Segundo, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria removido no fue otro que el licenciado en Ciencias Políticas Germán Montenegro. Es decir, no surgió del seno de esa institución como sí es el caso de las otras tres fuerzas de seguridad.

Para ser claro, la ministra pretende “cambiar el paradigma” de la única fuerza federal nacida en democracia, verdaderamente moderna, con escalafón único (no existen las castas de oficiales y suboficiales como en la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina), que nada tiene de marcial –de hecho no desfilan ni hacen el saludo militar–, y su formación se centra pura y exclusivamente en su actividad profesional, nombrando al abogado Alejandro Itzcovich (cuya única experiencia fue haberse desempeñado en el área de incorporaciones de la Policía Metropolitana). Sinceramente, no logro divisar salto cualitativo alguno.

Por el contrario, hay muchas cosas que la ministra Patricia Bullrich podría hacer si pretende “cambiar paradigmas”, a saber:

1. Quitar a la Policía de Establecimientos Navales (si, ya sé, el lector no conoce a esta policía, pero quédese tranquilo que la ministra de Seguridad tampoco) del ámbito de dependencia de la Armada Argentina, pues resulta ser una aberración jurídica que viola nada menos que la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior, y la Ley de Inteligencia Nacional, así como los respectivos decretos reglamentarios. Pues esta Institución es un resabio de la Doctrina de Seguridad Nacional y en virtud de la ignorancia de los principales actores en la materia, continúa vulnerando las principales normas que regulan y determinan las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Detalle que en un Estado de Derecho resulta difícil de asimilar.

2. Si el problema es el narcotráfico y el contrabando, sería oportuno que se integre a la Policía Aduanera al Sistema Nacional de Policía y al Sistema de Inteligencia Criminal. Pues de lo contrario, persistimos obscenamente asignándole el manejo de los ilegalismos de derechos a las clases más pudientes (pensar que Foucault le dedicó media vida a este tema...). Tal vez, de esa forma, logremos evitar que por contrabando y subfacturación se evada anualmente entre un 20 y 25 por ciento del presupuesto Nacional (tal como algún director general de Aduanas alguna vez afirmó).

Aunque no creo que este gobierno ose realizar cambios estructurales (fundamentales) de este tipo, tal vez podría “cambiar el paradigma” en instituciones orgánicamente arcaicas como las fuerzas de seguridad ya mencionadas y establecer un ordenamiento del personal único (los oficiales, hace tiempo que dejaron de provenir de la nobleza), así como una jefatura que no surja del seno de esas instituciones (pues, en tanto organismos endogámicos, solo tienden a repetir conductas).

Cosas para hacer hay, y aunque no lo crean, incluso inteligentes y creativas, que trasciendan (¡por favor!) la eterna declamación de la “lucha contra el narcotráfico” y la persecución de hecho de las clases vulnerables. Si, ya sé, tal vez pida demasiado...

* Profesor de Historia Social de las Instituciones de Seguridad en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona y Magister en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional). Autor de tres libros en materia de seguridad y defensa.