[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.

Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades; por el otro, imponer programas de “ajuste” y endeudamiento –matrimonio indisoluble– utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años cada uno de esos supuestos “procesos moralizadores” devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas.

- Una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos: endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que el nuevo gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción, son los mismos que durante los 80 y los 90 formaron parte de la “patria contratista” y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado, ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades offshore absueltos por la “mayoría automática”, causal de Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas; entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos.

- El Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más de la difamación y la calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes.

- Cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida. Una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal. Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.

- Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad. Afrontare este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.

- Las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

- Todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa. Adviértase que a requerimiento del actual presidente del BCRA el juez de la causa, en dos oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación?

- Se debe destacar que ninguno de los supuestos “terceros enriquecidos ilegítimamente” por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. Me pregunto: ¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos “paladines de la moral” que el actual presidente del BCRA tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo, nada más ni nada menos, que en la “operación” de endeudamiento conocida como “Megacanje”.

- La operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueran convalidadas por el juez de la causa.

- La imputación resulta absurda tanto en términos fácticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas “inquisidoras” que V.S. le ha formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido estrictamente político –terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores–, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas.

- La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el BCRA con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.

- Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vio, produjo efectos devastadores sobre la economía.

- Con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades. En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una “corrida judicial” una devaluación, forzaron la salida del presidente del BCRA, devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron. Finalmente, el Gobierno de las excusas –como todo en la vida– tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia.