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Cuando Cavallo fue detenido, la diputada Elisa Carrió dijo que se sentía feliz. Pero al enterarse de la presión oficial sobre los jueces cambió de estado de ánimo. “Soy sincera y dije lo que sentía. Hace mucho que estamos enfrentando a los grandes responsables del lavado de dinero y la fuga de capitales. Pero la injerencia del gobierno es inadmisible y desvirtúa el sentido de nuestra investigación”, dijo. También le pertenecen el proyecto de juicio político a los miembros de la Corte (que el gobierno está utilizando para negociar fallos favorables a sus intereses o renuncias de algunos ministros) y las denuncias contra Rohm, Escasany y Cavallo, los chivos expiatorios de la Entente Bonaerense. Aunque se niega a comentar ese aspecto, es ostensible que se sintió defraudada al saber que Carlos Soria, su ex compañero en la comisión de Juicio Político de diputados, había escogido para presionar a los jueces la causa del megacanje, en la que ella pidió el procesamiento de Cavallo. “Yo quiero ver presos a quienes han vaciado el país, porque con impunidad no hay República. Pero no de cualquier manera y por intereses políticos. Esta manipulación es gravísima y sienta un precedente nefasto”. Además, teme que el resultado sea contraproducente: “La injerencia política puede terminar blanqueando a estos delincuentes, de modo que todo quede en la nada y nadie pueda confiar en la justicia”. Carrió se tranquiliza al saber que la jueza María Servini no estuvo entre los jueces que en enero recibieron la intimación de Soria. “Nosotras hicimos la denuncia en junio y ya en noviembre había una enorme cantidad de pruebas, suficientes para proceder a las detenciones”, dice. Pero no tiene respuesta para esta pregunta: si en noviembre había pruebas suficientes ¿por qué el arresto recién se produjo en enero?