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La polémica que inició Gustavo Beliz una vez que le pidieron la renuncia, recibió un valioso aporte cuando su mamá se prestó a ser entrevistada por radio Mitre. Dijo que Gustavo era un sol, que nunca había robado nada y que de chico tenía su carácter, hasta que el padre “en pleno agosto le dio un baño con agua fría”, a partir de lo cual cambió por completo. Haberlo sabido a tiempo, debe haber pensado Néstor Kirchner. Así se entienden muchas cosas.
Más conveniente para el ex ministro fueron las declaraciones del nuevo secretario de seguridad, Alberto Iribarne, quien dijo a este diario el miércoles que la SIDE había resuelto con éxito importantes secuestros extorsivos y que esperaba con interés “que lo que aporte la Dirección de inteligencia Criminal de la SIDE sea de la mejor calidad posible”. Este error no convalida la frívola irrespetuosidad de Beliz al comparar la SIDE con la Gestapo. Pero pone en evidencia un problema, porque la ley 25.520 de inteligencia nacional dice sin lugar a confusiones que la Dirección de Inteligencia Criminal no es de la SIDE sino de la Secretaría de Seguridad Interior. Esto es lo que descalifica la queja de Beliz acerca de la falta de información de la SIDE respecto del ataque a la Legislatura del 26 de julio. A su ministerio le correspondía preverlo.
Ante la reiteración de secuestros extorsivos con participación policial, el Poder Ejecutivo recurrió a la SIDE, que como un borceguí ajustado le permitió cruzar ese terreno minado y resolver algunos casos conmocionantes. El problema es cuando el botín se ablanda y en vez de molestar se acomoda al pie, cuando el estado de necesidad se convierte en rutina confortable. La ley fue sancionada en 2001 y desde entonces tres presidentes y sus respectivos ministros y secretarios incumplieron la obligación legal de organizar la Dirección de Inteligencia Criminal. Podría disculparse a Fernando de la Rúa, que fue expulsado del poder poco después de la promulgación de la norma. En cuanto al senador Eduardo Duhalde toda su gestión al frente del Poder Ejecutivo fue de dudosa legalidad. Pero Kirchner, que ha hecho del mejoramiento de la calidad institucional un artículo de fe, no debería moverse con semejante desdén por el marco legal. La ley de inteligencia no es un dogma y si el gobierno considera que es la SIDE la que debe producir la inteligencia criminal, podría proyectar una enmienda a su texto, que el Congreso aprobaría. Esa sería una mala solución, pero al menos legal. El camino correcto es otro. Por fortuna, Iribarne ha formado un equipo competente y su subsecretario, Ricardo Colombo, sabe que entre sus prioridades deberá estar la cancelación de esa deuda que la democracia tiene consigo misma.