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En el fallo también se dictó el procesamiento, por haber sellado “un pacto verbal espurio” con el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, de cinco policías de la comisaría 7ª de la Policía Federal. Tres de los uniformados son el subcomisario Carlos Rubén Díaz y los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel Ismael Sevald, quienes como máximos responsables de la seccional, desde antes del siniestro, recibieron sumas de entre 100 y 600 pesos, por recital, a cambio de hacer la vista gorda frente a las irregularidades que se cometían allí, desde el ingreso de personas por encima de las 1031 que estaban permitidas, hasta el ingreso de pirotecnia y otras contravenciones como la venta de alcohol a menores de edad. En la última marcha por Cromañón, el sábado 30 de abril pasado, una de las testigos de cargo contra los policías coimeros, Viviana Cozodoy, denunció que vio al subcomisario Díaz, quien sigue en funciones en la seccional, participando del operativo de prevención policial.
Cozodoy, en diálogo con Página/12, dijo que el caso fue denunciado por ella ante el ministro del Interior, Aníbal Fernández, durante una reunión que el funcionario mantuvo con familiares de las víctimas. La testigo denunció también amenazas recibidas desde que acusó a Díaz, a quien identificó durante una rueda de reconocimiento como uno de los que “iba a cobrar las coimas”. La última amenaza la recibió en su celular: “La voz era de un hombre. Primero tosía, como si estuviera ahogado. Después me dijo: ‘Debe ser feo morir asfixiado’”, comentó Cozodoy a este diario.
Además de los tres oficiales procesados, sin prisión preventiva, por el delito de “cohecho pasivo”, también fueron procesados, pero por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el suboficial Oscar Ramón Sosa y el agente Cristian Angel Villegas, quienes estuvieron la noche del siniestro en la puerta de Cromañón, cumpliendo funciones. A ellos se les imputa el hecho de no haber denunciado, como correspondía, ante un fiscal contravencional porteño las notorias irregularidades ocurridas esa noche en el boliche.
Respecto de las coimas, el juez consideró probado que, en cada recital, el tercer jefe de la 7ª, el subcomisario Díaz, concurría a Cromañón a cobrar el dinero de manos de Omar Chabán o de su segundo, Raúl Villarreal, detenidos por el delito de “homicidio con dolo eventual”. A los dos empresarios se les suma ahora el cargo de “cohecho activo” por haber coimeado a los uniformados. El juez precisó que el subcomisario Díaz era el que se encargaba de repartir lo recaudado entre sus superiores y algunos subordinados. Lucini sostuvo que ésa era la modalidad habitual en otros comercios del barrio de Once. Esto surge de una investigación anterior en la que aparecía involucrado personal de esa seccional.
Lucini dijo en su fallo que Díaz, en forma personal, tenía a su cargo “la recepción de ese dinero, para lo cual se habría presentado, al menos en seis oportunidades”, en las oficinas de Cromañón. Las sumas abonadas por Chabán o Villarreal “oscilarían entre 100 y 600 pesos”. De los números surge la confirmación de que el exceso de público era algo habitual, dado que se pagaba a razón de “100 pesos cada 500 asistentes”. Según el fallo, Díaz recibió sobornos desde fines de noviembre, en los recitales de los grupos Carajo, Los Gardelitos, La 25 y los dos shows de Callejeros previos a la tragedia del 30 de diciembre.